Los sindicatos de la Diputación de Cádiz rechazan la creación de un organismo autónomo para gestionar las residencias de mayores y las políticas sociales

El gobierno de la Diputación de Cádiz contempla la constitución de un nuevo organismo autónomo que aglutinará la gestión de las políticas sociales y que gestionará las residencias de mayores de la institución en Cádiz -Matía Calvo-, El Puerto y la futura en La Línea, parte esencial del acuerdo del pacto PP y La Línea 100x100. El plan cuenta de momento con el rechazo de los sindicatos, que han convocado una concentración esta semana prevista a las puertas del palacio provincial este miércoles.

Desde el gobierno de Almudena Martínez defienden que este nueva entidad “supone un blindaje público para los trabajadores y trabajadoras del área, y garantiza una gestión pública directa de todos los servicios sociales”. La revisión, indican, está motivada por la “situación insostenible a largo plazo” del actual modelo, “arrastrada de años anteriores y con la que nos hemos encontrado” y que se evidencia especialmente en la administración de las residencias de personas mayores (sitas en Cádiz y en El Puerto de Santa María a las que se añadirá la próxima de La Línea).

"La implantación de este modelo ayudaría a la sostenibilidad del servicio y a tender a la excelencia", según ha manifestado la presidenta de Diputación. A medio o largo plazo se obtendría un ahorro con el que se “podrá reinvertir, por ejemplo, en la ampliación de plazas en estas mismas residencias o bien dar cobertura a necesidades de servicios sociales o a demandas de ayuntamientos que requieren nuestra ayuda en sus centros asistenciales públicos. No podemos olvidar que nuestra prioridad son las personas y su bienestar”, destacaba.

Los máximos representantes de la Diputación iniciaron la semana pasada un proceso informativo dedicado a explicar el proyecto a los trabajadores y a las centrales sindicales de UGT, Comisiones Obreras y CSIF. Sin embargo, este lunes, la representación sindical manifestó en un comunicado "su desconcierto" antes "una decisión unilateral de tal magnitud, que ha provocado un tsunami en un servicio en el que se verán afectadas más de 450 personas trabajadoras".

Así, rechazan "los argumentos expuestos por el equipo de gobierno" que ofrece "datos económicos sesgados, omite que las residencias de mayores están por debajo de su capacidad de ocupación y trata sin la menor sensibilidad a nuestros abuelos y abuelas que se encontrarán de un día para otro una nueva plantilla y una nueva organización de sus vidas en los centros, demasiados cambios para unas personas tan mayores". Los sindicatos plantean medidas "alternativas" porque "este proyecto solo atiende a intereses de dos partidos políticos que se necesitan, el primero para mantener el gobierno de la Diputación y el segundo para sus intereses localistas, olvidando que gobiernan para el resto de la provincia", afirman.

Los argumentos de la Diputación

La diputada provincial responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, ha dicho que "hablamos de un área muy sensible que mantiene una atención directa a personas vulnerables” y esa asistencia “requiere respuestas ágiles e inmediatas” en materia de contrataciones de personal, sustituciones, rotaciones, además de provisiones de suministros y licitaciones de obras y servicios. Estos procesos no se resuelven ahora con la celeridad deseada, según se ha explicado en las reuniones, consecuencia de “plantillas mermadas” en las que el ritmo de las jubilaciones avanza a mayor velocidad que las incorporaciones y de la sobrecarga de trabajo en áreas de la administración provincial.

El director del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Javier Rodríguez Para, ha detallado las razones técnicas que justifican el cambio de modelo. "La privatización no es una opción, y así lo sostiene el Gobierno de Diputación; pero tampoco es una alternativa no intervenir con un nuevo planteamiento como el del organismo autónomo". “Si no hacemos nada alguna entidad superior puede imponer una decisión drástica”, ha explicado Rodríguez Para.

En este inicio del proceso informativo se esboza un organismo autónomo con una estructura de personal formada por tres grupos:

• Personal del Área, que se integraría en el organismo en las mismas condiciones laborales y retributivas, conforme a las características reconocidas en la Relación de Puestos de Trabajo de Diputación.
• Personal propio del organismo autónomo.- Contratado para solucionar necesidades de plantilla. Se rige por un convenio propio que será similar al de Diputación, equiparado a empleado público de la institución provincial, y que será negociado con los sindicatos.
• Personal de residencias de mayores.- La especialidad de estas funciones –con un régimen de 24 horas los siete días de la semana y con necesidades como el establecimiento de turnos- requerirán una regulación propia adaptada a su actividad, que garantice su viabilidad a largo plazo y su pervivencia como servicio público. Se plantea su incorporación como laborales fijos, tras un proceso selectivo, ligados a un convenio sectorial con mejoras adoptadas por Diputación.

Este planteamiento comprende además un proceso negociador de reubicación voluntaria en otros centros de Diputación para el personal del Área adscrito a las residencias.

La Diputación defiende que la finalidad del mismo se basa en garantizar la gestión pública y directa de todos los servicios sociales de la Diputación; la eficiencia y viabilidad económica de estos servicios; la protección de los derechos laborales; la agilidad en la prestación del servicio a las personas destinatarias y la reinversión económica en más políticas sociales en los municipios de la provincia".

Para el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, se ha alcanzado una solución satisfactoria para la futura apertura de la nueva residencia de mayores de La Línea de la Concepción y "para seguir gestionando las residencias de forma pública y directa pero con un modelo más eficiente y sostenible económicamente para la Diputación". "Es absolutamente garantista para los trabajadores, cuyas condiciones laborales estarán blindadas; y excelente en la prestación de servicios, atención y cuidados a las personas usuarias de las residencias”, señala Ortiz.

El problema no es tanto presupuestario como de modelo de gestión, según fuentes conocedoras del acuerdo. Las residencias de la Diputación en Cádiz y El Puerto de Santa María cuentan con unas 100 plazas entre ambas y su coste anual asciende a alrededor de 15 millones de euros: a razón de 150.000 euros por anciano y año. Los números no cuadran y de lo que se trata ahora es de no repetir en la residencia de La Línea los mismos errores de sobrecostes.

Los argumentos de los sindicatos

Los sindicatos defienden que la asistencia directa a personas vulnerables se debe y se puede seguir gestionando de forma directa por la propia Diputación y para ello han puesto encima de la mesa medidas alternativas al organismo autónomo "que el equipo de gobierno ha rechazado".

Según apuntan, la excelencia de estos servicios ha quedado demostrada por la capacidad de su personal para afrontar una pandemia mundial, recibir premios a la calidad en los servicios y ser un ejemplo de gestión para otras administraciones públicas, y por tanto no entienden ni comparten el argumento en la necesidad de alcanzar una excelencia que ya existe.

Lamentan los sindicatos que "no les aporte ninguna documentación sobre su proyecto y ni tan siquiera sea capaz de facilitarles información con respecto a la cuantificación del supuesto ahorro con la creación de este ente autónomo".

UGT, CCOO y CSIF han trasladado a la presidenta de la Diputación su negativa a formar parte de un plan que recoge la negociación de un convenio que conlleva tal y como se les ha trasladado ajustes laborales y salariales para el personal que dependa del ente autónomo, así como la integración de todo el personal de esta área en el mismo. Afirman los sindicatos que la solución de la reubicación voluntaria para personal adscrito sólo a las residencias mayores no respeta el derecho del resto de personas empleadas públicas de estos servicios que tendrían que integrarse obligatoriamente en el ente autónomo y se preguntan si el equipo de gobierno ha valorado una reubicación en el supuesto de que todo el personal de los servicios sociales rechace integrarse en este organismo.  

Por último se preguntan en qué situación quedarían las personas participantes en los procesos selectivos que forman parte de las bolsas de trabajo y que en estos momentos están en expectativa de empleo algunas y otras con contratos temporales, cuestión que tampoco ha sido aclarada.