El sistema y sus peones
Así funcionaba desde dentro la fórmula de los cursos de formación, creada para crear empleo: no creó empleo pero, según la Guardia Civil, sí una red clientelar
No son nombres, los nombres dan igual. Importa que funcione el sistema. El análisis de la investigación de la UCO que derivó en la operación Barrero, y que supuso la exagerada detención y posterior puesta en libertad de 16 cargos de la Junta, entre ellos dos ex delegados provinciales de Cádiz, Juan Bouza y Manuel Brenes, revela una inmensa chapuza transformada en sumidero de dinero público cuyas consecuencias dirimirán los tribunales.
En esa chapuza, los 16 acusados jugaban como meras piezas de un engranaje, como parece haber demostrado la unidad de la Guardia Civil que actúa como el alargado brazo de la juez Mercedes Alaya.
Para entender por qué se descontrolaron los cursos de formación en Andalucía, cuando cursos de formación hay en todas las regiones, se tiene que acudir a la propia normativa, que no es la de las demás regiones. No es muy diferente, pero tiene matices trascendentales. Esto ocurre el 15 de mayo de 2009, cuando una orden de la Consejería de Empleo empieza a añadir frases a la regulación ya existente. Por ejemplo, algo tan simple como decir 'a cualquier otra'. Veamos, si hablamos de que los cursos de formación los tienen que dar empresas que van a contratar a un porcentaje de los alumnos que van a formar (eso está bien) se escribe: "Las entidades contratantes serán las propias beneficiarias de la subvención". Todo es perfecto. Un trabajador aspira a tener un empleo y accede a un curso de formación. Una empresa aspira a tener trabajadores formados y cobra por formarles. El 15 de mayo de 2009 se añade a ese texto "o cualquier otra". Cualquier otra es un tercero que ni es trabajador ni es empresa: es un cazasubvenciones. Ahí empezó, verdaderamente, a fastidiarse todo de un sistema ya de por sí fastidiado y sobre el que sobrevolaba la sombra de la duda desde sus inicios.
Los "cualquier otra", nuevas compañías mercantiles profesionalizadas en la subvención, captaron millones de dinero público, indica la UCO, sin ningún otro interés que quedarse con las subvenciones de un modo u otro. "Su interés es ajeno tanto al empresario que busca un trabajador cualificado como al desempleado que busca una ocupación. El interés de ese tercero, que no va a contratar a nadie, sólo puede ser el de gestionar una subvención", redacta el agente de la UCO en su informe de análisis sobre el funcionamiento de los cursos de formación en la región. "El compromiso de contratación no es más que una mera declaración de buenas intenciones, en el mejor de los casos, o, en el peor, un procedimiento urdido maliciosamente en connivencia con el solicitante para aparentar el cumplimiento de los requisitos de la subvención". Aquí, en este párrafo, se encuentra la tesis que durante 1.600 folios sustenta la Operación Barredo: un sistema viciado desde su propia articulación, una normativa que abría la puerta al fraude en la que, como explicaba un mando de la UCO a este medio "los delegados provinciales ejecutaban una fórmula creada para el clientelismo político".
Bajo este paraguas legal fue posible encajar una medida política como los cursos a los trabajadores de la deslocalizada Delphi y detener una convulsión social precrisis que acabaría estallándoles en las manos a los gestores de Empleo. En otra de las operaciones de la maraña de los cursos de formación, la Policía señaló a las empresas de Ángel Ojeda, que acaparó la mayor parte de estos cursos que resultaron en su mayoría inútiles para la recolocación de estos trabajadores, como epicentro de un fraude. Según los investigadores, las empresas de Ojeda eran un caso palmario de sociedades creadas para captar subvenciones gracias a sus contactos con la administración regional.
El desbarajuste era de tal calibre que generaba situaciones incontrolables. Es el caso de la FAFFE (Fundación de Formación y Empleo). La FAFFE cabría encuadrarla en un punto intermedio entre la administración y el trabajador. Sería ese 'tercero' que caza subvenciones, con la particularidad de que el 'cazasubvenciones' es público. Por las tuberías de la FAFFE se volatilizaron, según cree la juez Alaya, no menos de 50 millones de euros de dinero público. Su inoperancia y sus desajustes económicos llevaron a su desaparición, integrándose dentro del Servicio Andaluz de Empleo, que era el organismo que daba las subvenciones. De este modo, el deudor de cursos no justificados, la FAFFE, se integraba en el acreedor, el SAE, que era quien debería reclamar el dinero entregado y no utilizado para su función. Ya todo era lo mismo. Pero en Cádiz estalla el sinsentido. Las competencias de Formación, que en realidad está paralizada desde el año 2012, pasan a la Consejería de Educación, que, bajo el mandato de Luciano Alonso, se hace cargo del desaguisado.
La delegación provincial de Cádiz observa en uno de los expedientes dedicado a un proyecto de movilidad transnacional para jóvenes andaluces desempleados que se desembolsó para la FAFFE una cantidad cercana a los 500.000 euros. FAFFE ni siquiera puso en marcha el proyecto. Por lo tanto, tiene que devolver el dinero. ¿A quién? La delegación pidió a la asesoría jurídica de la Consejería que le diera norte. Y la asesoría no puede dar mucho norte porque se da algo que llaman "confusión de derechos", ya que al estar integrada la FAFFE en el SAE, resulta que "en el SAE se dan las condiciones de entidad concedente de la subvención y beneficiaria de la misma". Esas cosas pasaban en Empleo y con las subvenciones para Formación. Del proyecto final para el que estaba prevista esa subvención nada se supo. Fue sólo el primer caso de una catarata de "confusiones de derechos" por toda la geografía regional. Es decir, no era un problema que se hubiera originado en Cádiz, sino que el caso de Cádiz destapó una actuación mimética e irregular en el resto de provincias andaluzas.
Fuentes de la investigación, al ser preguntadas por los casos concretos de los ex delegados provinciales Bouza y Brenes aseguran que no hicieron nada que no hubiera hecho el resto. No hay ninguna sospecha sobre ellos de que, particularmente, actuaran irregularmente, sino que siguieron un esquema "creado desde arriba" en el que se sorteaban los elementos de control sobre el dinero de la Formación. Ellos eran simples peones de un sistema, de un agujero negro.
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