Una supuesta estafa en cursos de formación, a juicio 13 años después

Cádiz/El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz celebrará los próximos días 26 y 27 de enero el juicio contra seis acusados de crear una trama fraudulenta de cursos de formación en Chiclana hace ahora trece años, para lo cual se valieron de subvenciones estatales y europeas por un valor total superior a los 145.000 euros.

El fiscal del caso considera que los implicados en este fraude han cometido un delito contra la hacienda pública y solicita penas de cárcel para todos: dos años y medio para el supuesto jefe del entramado y otros dos procesados más en concepto de autores; y un año y medio de prisión para otros tres acusados en calidad de cómplices.

Asimismo, la Fiscalía plantea para los encausados una multa de 780.000 euros en total y la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un periodo de cuatro años.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que los tres supuestos autores del pufo formativo reintegren a la Hacienda Pública la cantidad estafada, 146.471,66 euros, un importe al que deberá añadirse la oportuna actualización conforme al IPC en el caso de que se dicte sentencia condenatoria. Para los tres hipotéticos cómplices solicita que devuelvan a las arcas estatales 16.069 euros (cifra también revisable según el IPC).

Esta red de falsos cursos de formación se urdió en 2003, si bien la Guardia Civil destapó la estafa que ahora se enjuicia en febrero de 2006, durante el desarrollo de la denominada 'Operación Escuela', que se saldó con más de 25 detenidos en Cádiz, Sevilla, Granada, Murcia y Madrid. Entre los arrestados se encontraban empresarios, sindicalistas y una inspectora de trabajo, esposa del supuesto cabecilla de la trama. En su día se habló de un desfalco que podría haber alcanzado los 8 millones de euros.

Una década después de que el Instituto Armado diese a conocer esta investigación, el caso llega, por fin, a juicio. Concurre en él la circunstancia atenuante de dilaciones extraordinarias (como ahora las denomina el Código Penal). El amplísimo retraso acumulado por la causa podría deberse, según las fuentes judiciales consultadas, a que en un principio se pretendió juzgar el procedimiento como una pieza única; sin embargo, la complejidad del mismo y la propia dispersión geográfica de los implicados ha propiciado, finalmente, su enjuiciamiento en procesos independientes y separados según su ámbito territorial.

CALIFICACIÓN

El escrito de calificación fiscal recoge que por parte de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (en adelante FORCEM) y dentro del 'III Acuerdo Tripartito de Formación Continua en el Empleo' del que formaba parte la propia entidad, el antiguo INEM y la Administración Estatal, se convocaron en el ejercicio 2003 varios cursos subvencionados con cargo a los fondos estatales y, en menor medida, con cargo a los fondos de la Unión Europea. El objetivo era que los alumnos que así lo solicitasen pudieran desarrollar el curso de su elección y obtener el correspondiente diploma acreditativo de la actividad docente recibida.

De este modo, prosigue el fiscal, la dinámica habitual era que determinadas sociedades a cuyo personal podría beneficiar algunas de las actividades formativas ofertadas, se dirigieran a la empresa designada por la fundación FORCEM para impartir los cursos y facilitaran a la misma un listado de alumnos interesados en recibir las acciones docentes subvencionadas, que eran de lo más variadas: prevención de riesgos laborales, gestión de calidad de los servicios, alta repostería, técnicos de camareros de sala o auxiliar de limpieza, entre otros.

Según el escrito de la Fiscalía, para poder impartir los cursos programados se necesitaban profesores cualificados que los llevaran a cabo, elaboraren el temario correspondiente y se encargasen de verificar la asistencia del alumnado a clase para poder expedir el diploma acreditativo.

En este contexto, el supuesto jefe de la estafa, propietario a la fecha de los hechos de la empresa Centro de Estudios Sócrates de Chiclana, y puesto de común acuerdo con otros dos acusados -ambos vinculados laboralmente a dicho centro de enseñanza-, "diseñaron un plan preconcebido con ánimo de obtener beneficio injusto por el que se presentaron a la fundación FORCEM como una entidad capaz de impartir los cursos ofertados, con los correspondientes locales donde poder dar las clases y presentando un profesorado debidamente formado", indica el fiscal. Así pues, los acusados lograron que FORCEM asignara determinados cursos al centro Sócrates "a cambio de los cuales recibieron un importe económico que se acordó en concepto de subvención".

De esta forma, los acusados, en ejecución del plan pactado y a sabiendas de que no cumplirían con los requisitos y condiciones que FORCEM había establecido para concederles la ayuda, se hicieron oficialmente cargo de varios cursos, pero no llegaron a impartir las clases con arreglo a las bases fijadas, "ya que confeccionaron listas con nombres de personas que realmente nunca fueron solicitantes […] o permitieron que los alumnos faltasen a la totalidad o a la mayor parte de las clases, a pesar de lo cual rellenaban posteriormente los partes de asistencia encargando al profesorado que se desplazase hasta el puesto de trabajo del alumno en cuestión para que firmase el acta".

En la elaboración de estas falsas listas de alumnos -apunta el fiscal- tuvieron un papel clave los tres acusados en calidad de cómplices. Se trata de tres empresarios que aportaron un relación nominativa de alumnos, que a su vez eran trabajadores de las sociedades que regentaban, a cambio de obtener un porcentaje de la subvención otorgada al centro Sócrates por FORCEM. Los hipotéticos compinches buscaban así conseguir "un beneficio ilícito", pues tenían constancia del "sistema fraudulento" que se estaba desarrollando.

Por último, las personas que fingieron ser receptoras de estas acciones docentes, según recoge el escrito de calificación, recibieron un diploma acreditativo de haber superado adecuadamente el curso, "todo ello con el pretendido fin de obtener el importe económico de la subvención".