Dos tercios de jueces colgaron la toga

Madrid/Un total de 3.524 jueces -el 65 % de la carrera judicial- y 1.295 fiscales -el 52 % de todo el colectivo- secundaron ayer la huelga convocada por las siete asociaciones profesionales del sector, la primera que celebran de forma conjunta en defensa de mejoras laborales y más independencia.

Representantes del comité de huelga hicieron públicos por la mañana los primeros datos de seguimiento en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla y los actualizaron por la tarde tras solventar problemas informáticos que habían dificultado las comunicaciones, aunque las cifras seguían siendo provisionales.

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales suscribieron un comunicado conjunto en el que justificaron la huelga ante su "profundo malestar" con todos los responsables del sector, de los grupos parlamentarios al Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la "dejación y abandono" en el que se encuentra este servicio público.

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, resumió el sentir de las organizaciones profesionales al asegurar que lo que persiguen es "un cambio real para la mejora de la Justicia, que sea la que los ciudadanos del siglo XXI requieren" y con los medios y recursos necesarios para garantizar la calidad.

El seguimiento de la huelga fue o superior al de los paros parciales convocados en las últimas semanas, por lo que el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, confió en que el "mensaje" llegue a sus interlocutores, después de recibir durante meses de negociaciones "la callada por respuesta".

"Que conozcan el malestar de las carreras, no sólo por el sueldo, como algunos quieren presentar, lo que queremos es que los ciudadanos puedan tener una justicia acorde con un estado moderno y democrático como el español", recalcó en declaraciones a los periodistas.

En el comunicado conjunto leído ayer ante los medios, las asociaciones recuerdan las propuestas para la mejora de la Justicia que presentaron en junio del año pasado y que, aseguran, siguen desatendidas.

Los objetivos, sostienen, son reforzar la independencia judicial, modernizar la administración de justicia, aumentar la calidad y la eficacia y mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales, con una actualización de las retribuciones.

Entre las reclamaciones fiscales destaca la derogación de los plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios, atribuir la formación a la Fiscalía General del Estado y reforzar la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

Según apuntan, la respuesta recibida en los últimos meses de negociaciones de quienes tienen capacidad de aprobar las reformas necesarias "no puede ser más decepcionante".

No hay compromiso firme de los partidos para un pacto de Estado por la Justicia y está pendiente la aprobación de la ley orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la carrera judicial y fiscal con enmiendas a la reforma del CGPJ, critican.

Según denuncian, el Gobierno no ha incrementado el número de efectivos para ir equiparándolo a la media europea y tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe reunirse cada cinco años.

Acusan además al CGPJ de haber hecho caso omiso a sus propuesta para que los nombramientos judiciales se basen en criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia y de no haber fijado las cargas de trabajo.

Las asociaciones lamentaron los perjuicios causados en esta jornada a los ciudadanos, con la suspensión de numerosos juicios en todo el territorio nacional, pero mostraron su confianza en que comprendan sus reivindicaciones.

El juez decano de Bilbao, Aner Iriarte, cree que el Ministerio de Justicia y el CGPJ "han ninguneado" a los jueces y que "la falta de independencia" del órgano rector se ha puesto de manifiesto" con su respuesta al "ataque sin precedentes" sufrido por la carrera judicial ante la sentencia del caso de La Manada.