El Tribunal tumba el intento de culpar al militar asidonense herido en la explosión de 2011

En febrero de 2011 cinco militares, uno de ellos isleño, murieron tras la explosión de una minas mientras se entrenaban para ir al Líbano en el cuartel de Hoyo de Manzanares, en Madrid. Otros tres resultaron gravemente heridos, entre ellos el teniente asidonense José Manuel Candón, que ha visibilizado la lucha de las víctimas de este accidente.

Sin embargo, y tras diez años sin responsables, un día antes de su prescripción, el 23 de febrero de este año la juez del Juzgado Togado Militar Territorial de número 11 emitía un auto donde, entre otros asuntos, decretaba el procesamiento del propio Candón. Le imputaba siete delitos del Código Penal militar "contra la eficacia en el servicio", cinco con resultado de muerte, uno con resultado de lesiones graves y otro con lesiones leves, cargando con la responsabilidad de lo sucedido.

En contra, no sólo se situó su defensa. Se opuso al procesamiento la Fiscalía, la Abogacía del estado y representantes de otras víctimas, que recurrieron el auto. Las apelaciones fueron estimadas, pero la jueza volvía a emitir otro en el mismo sentido el 17 de junio. De nuevo recurrido por las partes y el Fiscal, este mes de octubre el Tribunal Militar Territorial nº1 ha decretado el sobreseimiento definitivo de la causa contra el teniente Candón, cuyo empeño fue el que precisamente reabrió el caso en 2018 con nuevos informes tras quedar archivado en 2013 sin declaración de responsabilidad.

Entre los argumentos contra la imputación del militar de Medina, el Fiscal lamenta que se vulnera el derecho a su defensa, ya que durante "nada más y nada menos 10 años ha ostentado su condición de testigo/perjudicado" sin que con carácter previo "se la haya informado de la imputación" y se ha transmutado su condición de manera "radical y sorpresiva". Además, prosigue, el auto de la jueza tiene numerosas referencias a sus declaraciones en sede judicial en calidad de testigo "y no como investigado y por tanto sin las garantías procesales que atribuye tal condición".

El Ministerio Fiscal apunta también que las causas de la explosión se sustentan "en conjeturas no apoyadas por indicios relevantes", "yendo la resolución impugnada más allá de lo que establecía el informe pericial". Afirma que su hipótesis la sustenta en frases como "suponiendo que", "en el caso de producirse una detonación, "probablemente el responsable del hornillo decidiera espolear la mina superior... "de ser ciertos estos hecho",... "Todas estas expresiones evidencian que el informe está redactado en términos de presunciones y disposiciones", resalta en su apelación, donde muestra su "perplejidad" porque el auto de dictara el día anterior a su prescripción.

En sus razonamientos jurídicos, el Tribunal Militar Territorial número 1 hace suyos estos argumentos y considera que la decisión del juzgado "adolece del necesario sustento incriminatorio en cuanto a que los hechos puedan razonablemente sustentarse en los motivos apreciados por la juez, ya que no constituyen verdaderos indicios y por otra parte se entiende vulnerado el derecho de defensa del procesado". Declara el sobreseimiento definitivo sobre el procesamiento Candón y lo hace parcial en cuanto al resto del procedimiento abierto, para que se siga investigando.

El teniente recibió la notificación de su procesamiento, que le podía acarrear seis años de prisión, al cumplirse justo diez años de la tragedia. "El dolor infligido a las víctimas y familias acusándome de ser el verdugo de mis compañeros y culpar a los fallecidos de su propia muerte no será reparado jamás", ha lamentado José Manuel Candón, que ha pasado un calvario de ocho meses por el procesamiento que ahora ha sido tumbado. Residente en Chiclana y asidonense de nacimiento, el teniente de Infantería de Marina Especialista en Desactivación de Explosivos tuvo que retirarse tras las graves secuelas sufridas en el accidente, donde murieron dos compañeros del Tercio de Armada –Víctor Manuel Zamora Letelier y Javier Muñoz Gómez–y dos del Ejército de Tierra. "Ni a mi peor enemigo le deseo lo que he pasado".

Una batalla de más de diez años

El 24 de febrero de 2011 cinco militares, de la Infantería de Marina y del Ejército de Tierra, fallecían a consecuencia de la explosión de varias minas en el campo de maniobras y tiro del Palancar, en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra del Hoyo de Manzanares en Madrid. Realizaban un ejercicio de desactivación de explosivos practicado por un equipo que se iba a desplazar al Líbano.

Dos años después, el juez togado instructor dictaba el auto de archivo sin declaración de responsabilidad tras las conclusiones de los informes periciales emitidos por el Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación constituida por el Ejército de Tierra, que descartaba, como recuerda el Fiscal en uno de sus escritos, "comportamiento negligente o imprudente de cualquiera de las personas implicadas en los hechos".

Más de cinco años después de la firmeza del auto del Tribunal que confirmaba el archivo, la representación del teniente Candón y otra víctima del accidente pedían su reapertura en noviembre de 2018 aportando un informe pericial de parte y en el que detallaba posibles negligencias en la tragedia, dudas sobre la conservación del material que estaba caducado. Fue desestimado en un principio pero admitido un recuerdo, que ordenó al juzgado la reapertura de las actuaciones.

El 23 de febrero de este año, la juez emite un auto en que además de pronunciarse sobre otros aspectos relativos a la solicitud de práctica de diligencias de prueba tres años después, se decreta el procesamiento de Candón en dos ocasiones por esta jueza, pero que ha sido tumbado tras los diferentes recursos.