La uberización llama a tu puerta

El repartidor, nuestro buen amigo. Al año de la normalidad anormal, se han convertido en referentes de todos. Y son, también, referentes de las nuevas formas de precarización. Autónoma. Colaboradora. Fluida. Libre. “Pues hay de todo entre los repartidores, desde precarios pero legales a los falsos autónomos –comenta el laboralista Íñigo Molina–. En Correos mismo, los que no son muy antiguos suelen trabajar por temporada y en condiciones draconianas. La cadena de reparto más clásica en este país, Telepizza, se ha movido en contratos muy pequeños, de 10 o 12 horas semanales, pensados como trabajo para estudiantes y que luego pilla todo tipo de gente”.

El pasado mes de septiembre, el Supremo emitía una sentencia por la que declaraba que los repartidores de Glovo eran trabajadores de pleno derecho de la empresa. Con la llamada Ley de Riders preparada, este tipo de resoluciones “pueden tener relevancia, no tanto para cambiar el modelo laboral, pero sí para hacer subir el siguiente peldaño y hacerlos titulares de unos derechos básicos –continúa Molina–. Constituirse, organizarse sindicalmente y presionar al alza las condiciones de trabajo. Una masa de 3000 trabajadores que no son personal laboral no es poca cosa, pero no son nada si están solos”.

Uberización o amazonización definen nuevas formas de trabajo, de mano de los nuevos tiempos, que vienen a traducirse en una fragmentación del tejido laboral que, lejos de afectar a un único sector, está alcanzando a todos los pisos. Desde CCOO, ya hace tiempo que se ha denunciando el aumento de falsos autónomos cada vez en más sectores. Dejando a un lado la dependencia de una aplicación, por ejemplo, la mayor parte recurren a figuras que son viejas conocidas: falsos autónomos, externalización y contratas con convenios fuera de marco –la bestia negra de las kellys–, contratos de obras y servicios o recurrir a colaboraciones para cubrir puestos que deberían ser estructurales, etc.

El también abogado laboralista Ramón Dávila recuerda que no son fenómenos de nuevo cuño: “En los 80, ya integramos a cientos de trabajadores de contratas de Astilleros, por ejemplo”.

“En las empresas tecnológicas, energéticas, de comunicaciones, gran parte del trabajo real lo hacen contratas que no tienen nada que ver con el trabajo principal, con filiales, a las que suelen cuidar, o empresas externas totalmente. En Teléfonica, por ejemplo, hace años que ni dios toca un cable –indica Molina–. Luego, a la figura de falso autónomo recurren generalmente aquellos trabajos que no necesitan de la presencia física continuada. O colaboradores, esa es la palabra de la muerte. Los que no lo hacen, es porque les es imposible: hostelería, por ejemplo, que suelen tener contratos laborales aunque por menos horas… Todo aquel que no sea eso, tiende a vender lo de autónomo”.

Aun asumiendo el abanico de irregularidades y zonas grises, si se hace, es porque se puede. La subcontratación de obras y servicios, por ejemplo, está amparada por el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, “que contempla la externalización con actividades que forman parte de la función propia de la empresa global. El límite se pone legalmente en el prestamismo laboral”, apunta Dávila.

“Todas estas prácticas constituyen una especie de economía submarina –prosigue Molina–. Se ofrece una posibilidad y se utiliza con todos los parabienes del sistema legal. Y el submarino va a velocidad de crucero y tranquilamente”.

La ruta se fijó hace unos treinta años y se enderezó con las últimas reformas laborales, de 2010 y 2012. “Se puede ver perfectamente que ha descendido el volumen de cotización respecto a la década anterior. Que va a descender por demografía, sí, pero no tan agudamente, y eso se debe a puestos de trabajos eliminados y precariaje –insiste el sindicalista–. No sólo por convenios de empresa y cambio de prioridad aplicativa, sino por la abundancia de contratos mucho menores, más inestables”.

Desde CCOO en Cádiz –sindicato a quien la Inspección de Trabajo ha dado la razón al considerar los asesores comerciales de AMSUR falsos autónomos– afirman que en la provincia han aumentado las externalizacionesy ponen también en 2012 un diferencial: “Aunque había empresas que esperaban a que se firmara el sectorial, como base, y luego negociaban sobre este. La reforma laboral del PP hace que cambie la prevalencia, y el de empresa pasaba a estar sobre el sectorial. Los descuelgues unilaterales en 2012, 13, 14… fueron continuos. Y la merma, generalizada en la parte salarial y de derechos”.

“Desde la crisis del ladrillo, unido al proceso de globalización, nos hemos visto en un mercado de servicios con un alto nivel de competividad, que se ha ido agravando cada vez más”, comenta, desde el Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Fernández, que está en contra de “demonizar al empresario”. La realidad socioeconómica actual va, en muchas ocasiones, por delante de la legislación o de las soluciones tradicionales. Un ejemplo es el de la famosa tasa Google: “Al final, lo que hará el gigante es cobrar un 2% a las empresas, es decir, a todos. No es tan sencillo”.

Estos cambios estructurales se han agudizado con la pandemia: “Al cambiar las relaciones sociales, cambian las relaciones comerciales. Tendría que haber un cambio legilastivo para limitar el número de ciertos contratos, con garantías se seguridad y remuneración justa continúa. La competitividad es algo bueno, hace que los servicios mejoren y el cliente se beneficia de eso, pero ha de tener una faceta reguladora”.

Fernández apunta, además, que en este nuevo escenario hay que ir más allá de la precarización del sistema o el cambio de paradima:“Si se indaga en el nivel formativo del paro estructural que padecemos en la provincia, por ejemplo, vemos que no vamos muy lejos”, y habla de la inercia de una zona acostumbrada a tener industrias estatales (Astilleros, Tabacalera...) que vinieran a suplir, de por vida, los grandes vacíos.

“Pero no podemos competir siendo simplemente mano de obra barata, porque la deslocalización nos coloca fuera, por menos menos dinero –indica–. Hay que apostar por el conocimiento, por la creación de conocimiento, por la formación en tecnología. Este es una tema que hay que asumir y aceptar”.

Para el economista, nuestra oportunidad (la oportunidad) puede estar en la gigantesca partida de los fondos europeos, Next Generation y estructurales:“Es vital que resolvamos cómo vamos a enfocarlos, si los aprovechamos para formación y educación, porque lo temible es que tenemos un historial nefasto de gestón de fondos europeos”, añade.

Ramón Dávila también invita a poner las cosas en perspectiva: “Lo laboral es una situación muy viva, y las nuevas situaciones van creando nuevos elementos de conflictos. Las relaciones humanas no son peace and love, generan conflicto de todo tipo, y se tiende a resolverlo en función de los intereses. Es la historia de siempre. Aun así, creo que la evolución ha sido muy favorable en muchos aspectos”.

Para Molina, sin embargo, el escenario actual empuja a la presión social, la política y negociación colectiva, “como muestra que Jeff Bezos (Amazon) le tenga alergia a cualquier cosa que recuerde un sindicato. Pero el tema de la negociación colectiva está bastante devaluado, así como los níveles de afiliación sindical”.

La precariedad fluida –hoy soy repartidor; mañana, tramoyista; pasado, doy clases particulares– lo pone difícil: “Para eso existen los sindicatos de clase, donde lo que nos interesa es tu posición. Yo tengo ya un caso en el que hemos demandado a tres empresas distintas en el último año y medio”.

Platón.Para el ateniense, lo doméstico era un nido de sospechas, de infracciones que suceden “en la oscuridad” y llevan a “la ruina de las leyes escritas”.

La nueva anormalidad no sólo ha multiplicado los repartidores en nuestra vida, sino –para quien ha podido permitírselo– ha instaurado el concepto de teletrabajo más allá de la entelequia. A estas alturas, las suspicacias al respecto no son pocas.

“El trabajo a distancia –comenta Ramón Dávila– reduce la posibilidad de control y, por tanto, aumentan las posibilidades e imaginación y creación de figuras alternativas a lo laboral”.

“El teletrabajo puede ocultar muchos abusos que no están expuestos en el centro del trabajo –abunda Íñigo Molina–. Lo más evidente, la imposibilidad de desconexión digital, las jornadas interminables... Es muy difícil que ciertas cosas estén en la mirada de comités, delegados o sindicatos. Cada uno está solo en su casa, y eso puede propiciar el abuso y la fragmentación de los trabajadores”.

Begoña Pérez, de CCOO, también incide en esa sensación de vulnerabilidad:“Los representantes sindicales tenemos los wasap con los compañeros o las listas de discusión, pero no es lo mismo –explica–. El teletrabajo incide en la fragilidad del trabajador porque se encuentra aislado. Los nuevos, por ejemplo, no saben ni qué hacer, se sienten totalmente desubicados: un problema y, ¿en quién confío? ¿esto es normal? El teletrabajo no impide la comunicación, pero la dificulta enormemente. El contacto, el trato físico, dan una sensación de pertenencia. Podéis ser mil, pero te sientes uno, y descolgado”.

Astronautas en el espacio.

Además, continúa, “no es que con el trabajo a distancia se haya terminado con el presencialismo, es que lo hemos sustituido por el presencialismo ‘de salón’. Nosotros tenemos el caso de una consultoría en El Puerto en la que las cargas y requirimientos técnicos y tiempo se han agudizado con el teletrabajo, y se llegó a plantear la primera huelga de esta empresa”.

Excepto en casos puntuales, como pueden ser temas de conciliación, la sindicalista opina que el teletrabajo es actualmente una “manzana envenada”: “Aunque, tras un año de digamos implantación, yo he visto a gente a la que le sigue pareciendo bien, y a otra, que no, más allá de los marcadores de la situación de pandemia que indiquen que es lo acosejado”, desarrolla.

La reducción de la actual jornada de cuarenta horas semanales es una de las cuestiones que, en esa búsqueda de una forma de trabajar más acorde con los nuevos tiempos, se ha colado en la agenda política. “Quizá hemos terminado con la presencialidad, pero eso no garantiza que la reducción de la jornada cree empleo por otro lado. Nos pagan por productividad pero seguimos produciendo lo mismo”, reflexiona al respecto Javier Fernández.

“Teniendo un cuenta temas como la situación económica actual, o la globalidad de economía mundial, no pienso que exista mucho margen para la reducción laboral, como mucho, pasar a las 36 horas –comenta Ramón Dávila–. Sí veo que en los convenios colectivos se vayan estableciendo mecanismos vinculados a objetivos y rendimientos. En función de eso, se podrían modular algunos de los aspectos del trabajo, incluyendo la jornada”.