La urbanización con campo de golf de Trebujena resurge en plena sequía... y en campaña

Cádiz/Una urbanización con 300 viviendas de lujo, hoteles y campo de golf. A las puertas de Doñana. En plena sequía. El macroproyecto turístico que Costa Guadalquivir S.L. intenta levantar sobre las marismas desecadas del Guadalquivir, en el término municipal de Trebujena, llevaba varios años sin grandes avances, pero en los últimos días se ha convertido en una auténtica patata caliente en campaña electoral.

La conjugación de factores hace inviable una idea propia de otros tiempos, como reconocen todas las partes implicadas, pero una resolución reciente ha obligado al alcalde a mojarse en un tema espinoso. La Junta de Andalucía emitió hace unas semanas una Declaración Estratégica Ambiental -el informe que culmina su procedimiento de evaluación medioambiental- favorable, aunque condicionada al pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central.

El macroproyecto contempla dedicar 2.324.292 m2 a un campo de golf, hoteles y 300 villas de lujo que se levantarían en las marismas desecadas junto al río Guadalquivir, muy cerca de Doñana. Este nuevo resort consumiría unos 850.000 m3 de agua al año, más que el pueblo de Trebujena entero. La empresa se compromete a usar agua de una depuradora aún por construir.

La Junta de Andalucía ha reclamado hasta en tres ocasiones el pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, competente en estos suelos inundables. Al agotar el plazo para emitir la resolución sin respuesta, la Consejería ha publicado la Declaración Ambiental Estratégica condicionada a la decisión de Confederación, por lo que el visto bueno definitivo queda en manos del Gobierno central. En pleno conflicto por los regadíos de Doñana, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, el jerezano José Ignacio García, ha calificado esta decisión de "atentado medioambiental".

"Los informes sectoriales son positivos y si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no emitía el suyo sólo teníamos dos opciones: eternizar el proyecto o emitir nuestra parte y supeditarla a la administración competente en materia de aguas, que es lo que hemos hecho", explicó este martes tras el Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

El alcalde, en contra

Es el propio municipio de Trebujena, bastión histórico de IU en la provincia de Cádiz, el que pidió a la Junta el visto bueno. Sin embargo, su actual regidor, Ramón Galán (IU), se muestra ahora en contra de una Declaración Ambiental Estratégica que su propio Ayuntamiento solicitó. Lleva un año y medio en el cargo y lo considera un proyecto "heredado". Su predecesor, Jorge Rodríguez, retomó la idea en 2019, recibiendo el rechazo de multitud de colectivos ecologistas.

El origen de la urbanización data del año 2003, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con el belga Bernard Devos. Éste se comprometió a abonar 5.598.427 euros a cambio de recalificar estos terrenos y el PGOU, con la macrourbanización pactada, se aprobó en 2007. Tras años de trabas administrativas y medioambientales, la firma de un nuevo convenio permitió que los promotores ingresaran 1,8 millones de euros a las arcas municipales. En 2019, el Ayuntamiento promovió una modificación de su PGOU para incluir 300 viviendas y su tramitación no había tenido grandes avances hasta el pronunciamiento de la Consejería de Medio Ambiente, que ha trascendido esta semana.

"Esta macrourbanización es un total despropósito, ya que Trebujena tiene una población estabilizada en la última década en torno a los 7.000 habitantes. El Ayuntamiento, con el apoyo de la Junta de Andalucía, pretende aumentar los suelos urbanizables en un 255 %. Este modelo de resort de lujo rompe con la ciudad compacta mediterránea", criticaron desde Ecologistas en Acción, que presentó hasta 190 alegaciones que siguen sin responder.

"En caso de que se instalara una depuradora la prioridad debe ser abastecer a la agricultura productiva, no a campos de golf", expusieron los ecologistas, quienes consideran que la Declaración Ambiental aprobada por la Junta es "totalmente ilegal", ya que "no cuenta con el preceptivo informe sobre riesgo de inundabilidad de la zona (toda está en zona inundable), no se ha evaluado sus efectos sobre la Red Natura 2000 de la UE, en la que están incluidos el estuario del Guadalquivir y Doñana, y no se ha contestado a ninguna de las 900 alegaciones presentadas contra el proyecto".

El colectivo ha advertido en sus alegaciones que los técnicos y responsables de las administraciones que están aprobando o informando favorablemente de este proyecto "podrían estar incurriendo en conductas negligentes, cuando no en presunta falsedad documental y prevaricación, que podría tener responsabilidades penales". Además, ha exigido a la Junta que anule esta autorización ambiental "por ser manifiestamente ilegal", y al Ayuntamiento que "deniegue esta modificación del PGOU, procediendo a desclasificar la totalidad de los suelos que se declararon urbanizables de forma ilegal".