Los vecinos del litoral de la Janda no encuentran solución a la falta de agua

Que en pleno siglo XXI existan zonas turísticas a las que acudan miles de personas buscando sus playas y que estos núcleos de población, como es el caso de Zahora, no dispongan de agua potable en sus hogares, viviendas de alquiler y negocios de restauración y hostelería, es difícil de creer. Pero en este caso, la realidad es más cruda que la ficción.

En ningún momento ni vecinos ni empresarios se han negado a pagar para que esos servicios lleguen a sus viviendas y negocios, si bien la situación irregular de sus propiedades siempre ha sido el freno para que esta zona tenga agua potable en sus grifos.

En la actualidad los dos campings y el colegio de Zahora son los únicos lugares en los que es posible beber agua del grifo con todas las garantías higiénico sanitarias.

Ante dicha necesidad, muchos optaron por construir aljibes, tirar de pozos o cubrir sus necesidades más básicas con cubetas. Y es ahí donde encontró un nicho de negocio el empresario Juan Antonio Brenes, conocido como El Pipa. Con diversas cubas de diferentes tamaños llegaba hasta el último rincón, por dificultoso que fuese el acceso, dado lo estrecho de los carriles.

Durante varias décadas, y sabiendo que ese agua no era para beber, los vecinos han contratado sus servicios sin preguntar de dónde salía y qué controles sanitarios pasaban las cubas en las que se transportaba tan preciado elemento hídrico.

Fueron agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil los que en septiembre de 2022 elaboración un Informe de Valoración Sanitaria que enviaron a la Delegación Territorial de Salud y Consumo, organismo que el 3 de marzo de 2023 adoptó una medida temporal de paralización de la actividad ante la existencia de un riesgo sanitario grave con probabilidad de causar perjuicio para la salud pública y de transcendencia directa importante para la salud de los consumidores.

Así las cosas, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, a través de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Cádiz, solicitó al juez el pasado 9 de agosto la ratificación judicial de la suspensión temporal del transporte de agua de consumo en camiones cisterna por parte de la empresa Cubas de Agua El Pipa como medida cautelar de carácter urgente y necesaria para preservar la salud pública, siendo ejecutada en esa misma jornada por la autoridad judicial.

Desde ese momento, unos 400 clientes, entre particulares y empresas, se quedaron sin posibilidad de cubrir sus necesidades. Unos en primera residencia y otros en viviendas en alquiler, habiendo abonado ya la fianza y la renta acordada, en algunos casos, hasta 3.000 euros por una quincena.

El resto de empresas que se dedican al transporte de agua han ido asumiendo esa lista de clientes, a los que poco a poco se abastece. Para facilitarles su trabajo, el Ayuntamiento de Barbate, junto con la empresa Aqualia, que tiene la concesión de este servicio, ha habilitado un punto para abastecer de agua a los camiones cisterna, previo pago de la cantidad que se consuma, dado que se va a comercializar con ella. De media los vecinos están pagando unos 80 euros por 8.000 litros de agua, mientras que otros reclaman 100 euros por esa misma cantidad o 140 euros por 15.000 litros de agua.

Esta semana se ha producido una reunión en la Delegación Provincial de Salud y Consumo con su titular, Eva Pajares, representantes de la Asociación de Vecinos ‘Costa de la Luz’ de Zahora y miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barbate, entre los que estaba el portavoz, Juan Miguel Muñoz.

Ante las muestras de apoyo de los vecinos afectados y las manifestaciones llevadas a cabo, la delegada les informó de que no hay nada en contra de ese empresario, que los precintos se han llevado a cabo en estas fechas porque se han cumplido los plazos para ello y que el empresario sigue sin tener la debida autorización, porque no ha hecho lo que debía en cuanto a las revisiones de las cisternas que se le había pedido por las autoridades sanitarias.

Los vecinos afectados volvieron a pedir a la delegada de Salud que se quite el precinto, asegurando que “en veinte años abasteciéndose de agua por parte de este empresario, nunca han tenido ningún problema, que se sepa”, insistieron.

Por su parte, el concejal Juan Miguel Muñoz defendió que el Ayuntamiento hace todo lo que puede para poner el agua en la zona, pero que no tiene medios, recalcando que los vecinos tienen que pagar. El concejal dijo que van a llevar a cabo planes especiales en Zahora y que ya tienen los Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) como herramienta para intentar regularizar la situación de muchas casas y negocios. Algo que no se creen los vecinos, que llevan muchos años sin resolver su situación, llegando incluso a llevar este asunto a la Unión Europea (UE) a finales del pasado año.

En junio de 2023 han tenido respuesta a la carta en la que pedían la llegada del agua potable a sus casas. En esa carta, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Monserrat, les informó que habían examinado esa petición y declaraban admisible esa petición por “entrar dentro del ámbito de actuación de la Unión Europea”, de ahí que se pidiese a la Comisión Europea que “lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto”, de cuyas actuaciones se irá dando cuenta a los vecinos.