La Abogacía pide en Cádiz que dejar de pagar la manutención de los hijos tenga una tipificación penal

Cádiz/La Abogacía Española ha pedido que dejar de pagar la manutención de los hijos en los casos de separación o divorcio tenga una tipificación penal específica para erradicar esta práctica que suele ser usada por los maltratadores en el marco de la violencia vicaria.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de las I Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia que se han clausurado el pasado viernes en Cádiz bajo el lema "Protegiendo infancia, defendiendo derechos', y en la que el Consejo de la Abogacía Española ha reivindicado también que un juez participe en la declaración de desamparo de los menores que son separados de sus familias.

En sus conclusiones, la Abogacía afirma que "no basta" con que a la "violencia económica contra los menores" que se ejerce al dejar de hacerles llegar el dinero para su manutención se la considere, como hasta ahora, un delito de coacciones porque "su complejidad exige una tipificación específica".

"El problema de la violencia vicaria debe abordarse desde la prevención y evitar que los casos se conozcan cuando es demasiado tarde. Hemos de ser conscientes del amplio espectro que abarca la violencia contra los menores; la violencia económica merece una atención especial y una tipificación que permita su debida erradicación", indican las conclusiones.

La Abogacía Española recomienda poner "atención" a los delitos de odio y el acoso escolar y que los medios de comunicación asuman "el compromiso del tratamiento adecuado de las noticias que afectan a los menores".

También pide que la separación de un niño de su familia y su traslado a un centro de menores sea considerado como "el último recurso en la protección infantil, y nunca la primera opción".

Además considera que "el sistema es prepotente cuando una administración trabaja sin que un juez de garantías intervenga" en el proceso de desamparo de estos niños.

"Las resoluciones de la administración no están garantizando en este momento la igualdad de partes", afirma la Abogacía en sus conclusiones, en las que propone que por los juzgados de Primera Instancia, y no sólo los de Familia, intervengan en los procesos para darles más agilidad.

En sus conclusiones, el Consejo de la Abogacía Española también pide "hacer accesible la justicia a los menores discapacitados, doblemente vulnerables, no solo eliminando las barreras físicas sino también usando un lenguaje comprensible, garantizando que los niños y adolescentes comprenden lo que sucede" y fomentar la figura del facilitador en los procesos que afectan a estos menores.

También han pedido que los centros de reforma de menores sean gestionados por la administración y garanticen "un adecuado acompañamiento jurídico", para la lo proponen crear un Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica específico, "que podría integrarse en el marco de la justicia gratuita".

El trabajo realizado en las jornadas contribuirá a la elaboración de los contenidos que formarán parte del próximo Congreso Mundial de Justicia y la Niñez que está previsto para el año próximo en España.