Una visión casi "desastrosa" de la justicia de menores

"Bastante deficiente por no decir desastrosa". Esta es la situación de la justicia de menores en la provincia, según las conclusiones del informe elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). Su portavoz, Rafael Lara, exigió ayer "cambios en profundidad" y enumeró una serie de "carencias fundamentales que generan una violación de derechos humanos especialmente grave al tratarse de menores de edad". Falta de medios e infraestructuras, provisionalidad de jueces y fiscales que termina en profesionales sin especialización, la sobrecarga de trabajo, la falta de unidad de expedientes, la nula asistencia a menores internos sin jueces de vigilancia penitenciaria ni asesoramiento, o la necesidad de que se regulen los turnos de oficios especiales son algunos de los fallos citados en el informe.

Desde la asociación se denuncia además el abuso de las penas de internamientos, con el porcentaje más alto de Andalucía, y el escaso uso, por el contrario, de medidas judiciales abiertas o alternativas. "¿Qué otra solución es mejor para un menor que haya hecho una pintada o roto una luna que limpie esa pintada o arregle esa luna?", manifestó Joaquín Olmedo, letrado del Colegio de Abogados de Cádiz dedicado a casos de menores.

Y es que muchos ayuntamientos de la provincia carecen de convenios para que se puedan imponer a los adolescentes estas medidas de trabajo en beneficio a la comunidad. Los ayuntamientos de Cádiz, Algeciras, San Fernando, Arcos, Chipiona, Conil, Jimena, Algar, Benaocaz, El Bosque, Castellar, Espera o El Gastor carecen de acuerdos, critica el estudio, creando perjuicios para aquellos infractores que viven en esa localidad, que no tienen la misma oportunidad, por ejemplo, que otro que resida en Chiclana. En la misma línea se incide en la infrautilización de los servicios de mediación, un sistema novedoso alternativo que además descargaría los sistemas judiciales y que beneficiaría también a la víctima, sin hacerle pasar por un procedimiento judicial.

Entre una de las mayores urgencias tanto Lara como Joaquín Olmedo destacaron la necesidad del cambio de la sede del Juzgado de Menores de Cádiz, en pleno centro, al edificio de la Audiencia Provincial de Cádiz, como ya han denunciado en otras ocasiones. La sede actual tiene calabozos insuficientes, dificulta los traslados o imposibilita evitar el contacto visual entre infractores y víctimas.

En cuanto a los tres centros de internamiento de la provincia (en la Bahía y Algeciras) incidieron en el "error de bulto" que es su privatización, con la desigualdad que provoca entre los menores y con reglamentos de funcionamiento distintos "desconocidos para los propios menores y sus abogados".