Los arqueólogos tachan de "ilegal" el protocolo de entrega de piezas al Museo

Los profesionales de la arqueología gaditana hicieron ayer fuerza para denunciar una situación que les perjudica y obstaculizan en su rutina laboral. Hicieron piña -en un hecho insólito en la historia reciente de la arqueología gaditana, al tratarse de un colectivo bastanta discreto- para exigir la "inmediata retirada" del 'Protocolo de entrega de materiales arqueológicos depositados en el Museo de Cádiz', que tachan de ilegal y que asumen obligatoriamente, como si se tratara de una especie de 'impuesto revolucionario' para la arquelogía gaditana. Una serie de requisitos que, de no cumplirse, puede llevar "al rechazo de dicho material por parte del personal técnico del Museo de Cádiz, debiendo ser depositado otro día siempre que se cumplan dichas medidas de conservación".

Así figura en el propio protocolo y así lo explicó desde la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz el colectivo de arqueólogos gaditanos, amparados por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras -que los regula-. Fue su decana, Virginia Pinto, la encargada de denunciar estos hechos, en una convocatoria en la que estuvo acompañada por el vicedecano, Juan Miguel Pajuelo, la tesorera, María Isabel Gómez y el secretario, José Manuel López Eliso.

La raíz de esta problemática parte del "enorme coste económico que debe asumir el profesional libre que trabaja en las intervenciones arqueológicas", que a su entender, debe afrontar la propiedad de dichos bienes, es decir, la propia Junta de Andalucía, "como ocurre en el resto de los museos andaluces". Concremente, los derivados del "almacenamiento y conservación en el Museo de Cádiz de unos materiales que forman parte del Patrimonio Histórico Andaluz, función que compete en enxclusivdad al Museo, no al profesional".

Es decir, que los arqueólogos deben entregar según recoge este protocolo, "el conjunto de objetos embolsados y etiquetados en cajas de polipropileno o polietileno norma Europa cerradas con tapa (...) Un embalaje que supone un coste de "unos 60 euros. De segunda mano, unos 20". Antes de la entrada en vigor de esta norma, también lo asumían ellos, aunque el coste era de unos 4 euros la caja, carente de tapa. Si el resultado de una excavación es cuantioso, es decir, si se cumple el hasta ahora sueño de cualquier arqueólogo de encontrar abundante material asociado para la investigación, los costes se multiplican. Costes que ahora obligarían a incluir como presupuesto de conservación a la constructora o empresa promotora de cualquier obra, "y que no conoces hasta que no concluya la excavación".

Consideran, por tanto, que se trata de un documento, "sin visos de legalidad, dado que carece de firma o sello y, lo más importante, sin estar publicado de manera oficial en el BOE, BOJA o BOP". Por este motivo se sienten respaldados legalmente, pero con la contrariedad temporal que supone establecer la demanda oportuna, según narraron.

No obstante, afirman que han manifestado sus quejas en cartas e intentado reunirse con la Delegaca de Cultura y Dirección General de Bienes sin éxito, "hemos sido generosos en forma y tiempo, pues nos encontramos con el problema en junio pasado".

Fueron tajantes a la hora de señalar la delicada situación que afronta el sector en esta época de crisis, y en el marco de una de las provincias más castigadas por el paro, "puesto que si no asumen la aceptación de dicho protocolo, no se firma el acta de depósito por parte de la dirección del Museo y, por ende, no pueden volver a trabajar".

De hecho, continuaron explicando que incluso se ha llegado a "negar la recepción de los materiales mientras no los lleven en cajas especificadas", calificando de "dudosa legalidad al etablecer la Ley 14/2007 la obligatoriedad de la institución museística de recibir los materiales".

Aseguran que no existen casos similares en otros museos, salvo algunas "recomendaciones, directrices lógicas, que no son de obligado cumplimiento", puntualizaba el arqueólogo Juan Miguel Pajuelo.

Por todo, ayer quisieron denunciar ante los medios la situación de "desamparo legal, discriminación y arbitrariedad manifesta a la que nos enfrentamos los profesionales de la arqueología cuando hacemos entrega de los materiales arqueológicos para depósito en el Museo de Cádiz" una vez finiquitada la excavación. Todo un agravio comparativo, "dentro de una misma profesión en Andalucía". Quieren criterios iguales para todos los arqueólogos andaluces.