Agua

Por fin está lloviendo, pero mucho tiene que caer para recuperar las reservas de nuestros embalses y acuíferos. El saqueo ha sido tal, que están exhaustos.

La política hidráulica en Andalucía -antes con la Confederación Hidrográfica dependiente del gobierno de España, después con la trasferencia a la Junta; antes con el PSOE, ahora con el PP- se ha basado en gastar agua cuando la hay y lamentarse y echar la culpa a la falta de infraestructuras cuando la hemos despilfarrado.

Sabemos que en el clima mediterráneo no llueve en verano y hay sequías periódicas, y para eso debemos estar preparados, máxime con el escenario de cambio climático, en el que dispondremos de menos recursos hídricos y aumentará la irregularidad. Ya lo estamos viviendo.

Tanto el Consorcio de Abastecimiento de la Zona Gaditana como la Junta de Andalucía vienen demostrando una absoluta irresponsabilidad. El pasado mes de abril, ante el escenario de sequía, la Comisión para la Gestión de la Sequía del Guadalete aprobó una reducción del 25% de agua en el uso agrario y del 5% en los usos urbano e industrial. Ningún ayuntamiento adoptó medida alguna. El descontrol en los regadíos es aún más alarmante; hay zonas regables que, en plena sequía, han aumentado de forma escandalosa el consumo de agua: un 99% en la margen izquierda de Bornos y un 23% en los Llanos de Villamartín y Coto de Bornos.

A la térmica de Arcos, instalación contaminante e innecesaria que debería estar cerrada hace tiempo, se ha destinado más de cuatro millones de m3 de agua, lo que consume un municipio de 50.000 habitantes. En la cuenca del Guadalete vienen proliferando cultivos intensivos de árboles mediterráneos en regadío, convirtiendo a nuestros resilientes olivos o almendros en adictos al agua. Y los campos de golf se han seguido regando.

Para colmo, el Consorcio se ha dedicado en estas últimas décadas a abastecer ilegalmente a municipios que están fuera de su ámbito. Así, vende el agua de Los Hurones a Vejer, Barbate, Benalup o a las urbanizaciones costeras de Tarifa.

El secretario general de Agua de la Junta ha reconocido no tener suficientes inspectores para impedir los robos de agua. ¿Para qué quieren entonces las competencias? ¿Por qué bajan los impuestos si ahora no tienen medios para gestionar nuestra agua?