Obligada a salir en mi defensa

Hasta el momento no he querido hacer declaraciones sobre este asunto para no interferir en la justicia ni que pudiera usarse políticamente. He estado centrada en mi labor profesional y así seguirá siendo tras este escrito, si bien me veo obligada a salir en mi defensa ante las continuas e insidiosas manifestaciones de algunos de los responsables locales del Partido Popular, que vienen a reafirmarme en la convicción del ánimo de represalia que dicho partido ha centrado en mi persona por la denuncia cursada en su día contra las entonces concejalas Mercedes Colombo y Carmen Sánchez en el caso Matadero. Denuncia que ni siquiera fue interpuesta por mí ni por las jefas de programa que fueron también posteriormente denunciadas por las dos exconcejalas y finalmente absueltas, sino que fue llevada a cabo por distintos partidos políticos y por el comité de empresa del ayuntamiento. Igualmente 80 trabajadores de los servicios sociales emitieron un escrito a quien era la alcaldesa en ese momento como apoyo a mi actuación y a la del resto de jefas de la Delegación y reclamando atención sobre lo que estaba ocurriendo, sin que obtuvieran respuesta alguna.

Llegado el caso a instancias judiciales y una vez que no se hallaron pruebas que incriminaran a dichas responsables políticas, una parte del Partido Popular, y digo una parte porque me consta que hay personas totalmente contrarias a esta manera de proceder del partido, buscó cualquier resquicio que pudiera volverse en mi contra y de ahí la denuncia que presentaron por la emisión de un informe favorable a la concesión de una vivienda.

Me gustaría aclarar que en Trabajo Social no existen herramientas exactas y la diferencia de criterios entre profesionales es usual al igual que ocurre en otras profesiones; pasar un baremo de exclusión a las familias puede arrojar datos diferentes dependiendo del profesional que lo aplica. En el año 2012 todavía contábamos con instrumentos menos exactos y testados que los de ahora. Para la valoración de Matadero usamos un instrumento que creamos a tal efecto para uso interno de los profesionales sin que estuviera aprobado por ningún órgano que implicara obligado cumplimiento. De hecho, durante el proceso de elaboración de los informes este mecanismo se fue adaptando y modificando.

Como coordinadora y trabajadora social que soy desde el año el año 1988 que empecé a trabajar en el ayuntamiento, mi responsabilidad era supervisar el trabajo de los técnicos a mi cargo y, además, atendía casos que por su complejidad me eran derivados asumiendo el diagnóstico social y la prescripción o no de los recursos.

Sobre el caso en cuestión, con un año de anterioridad a las adjudicaciones de Matadero el tema de esta familia me llegó derivado precisamente por Alcaldía dado que atravesaban una difícil situación de pérdida de vivienda y con varios menores a cargo. En aquel momento, y a día de hoy, no tengo ninguna duda de que eran susceptibles de vivienda pública y, sin entrar en detalles que vulneren la intimidad de la familia, sí aludo a la declaración en el juzgado de la exgerente de la empresa de vivienda en la que afirmaba que esta familia no solo era un claro ejemplo de necesidad de vivienda sino que era un caso "de libro".

Por todo lo cual si me tienen que condenar por emitir un informe basado en mi criterio profesional que lo hagan, y aunque quiero confiar en la justicia, me ha sorprendido enormemente que se esté pidiendo una pena de inhabilitación por este motivo y aún más sorprendente que sea de nueve años, similar a las imputaciones habidas en el caso de los ERE. De ser condenada seguiré recurriendo todas las veces que la justicia me dé la posibilidad de hacerlo porque confío plenamente en que esto no puede ser ni reprochable ni punible.

Para finalizar, agradezco el apoyo y las muestras de afecto que estoy recibiendo en este largo y tortuoso camino que, no obstante, afronto con esperanza y optimismo.