Recursos

Acabo de leer en estas páginas el caso de una alumna de El Puerto que se ha quedado sin la atención del monitor que necesita para asistir a clase porque el ratio así lo estipula. Que sí, que hay que cuantificar los recursos, establecer reglas, pero si el resultado es que una niña va a quedarse sin poder ir regularmente al colegio, lo mismo hay que replantearse la estricta aplicación de la norma.

Sin llegar a casos tan duros, quienes tenemos hijos hemos sufrido en algún momento de su etapa educativa los absurdos del sistema. Por ejemplo, plazas que se sabe desde antes de empezar el curso que no van a ser ocupadas por su titular -porque arrastra una baja de larga duración, porque su jubilación se cumple en los primeros días de septiembre…- y que sin embargo la administración no cubre con antelación. Solo cuando se hace flagrante que hay un grupo de niños sin profesor empiezan los trámites para buscar sustituto.

Otro caso también frecuente: bajas intermitentes que conllevan un rosario de interinos a lo largo del curso, en lugar de primar un sistema que garantice la continuidad de los docentes y evite hacer pasar al alumnado por una adaptación cada mes, con todo lo que ello conlleva.

Atender a chicos y chicas y ofrecerles las bases de su educación no es lo mismo que estar en una oficina resolviendo expedientes. Los fallos en el sistema no suponen aquí un retraso en los trámites, sino un impacto sin vuelta atrás en la evolución de los niños que atraviesan estas situaciones -nada excepcionales, por cierto-.

El funcionariado es un cuerpo tan amplio como diverso, pero a quien contrata, la administración, parece que se le olvida. Tratan de aplicar los mismos criterios homogéneos, objetivos y asépticos, por eso de garantizar la justicia en el acceso a un empleo público, y acaban provocando verdaderos sinsentidos en la gestión de los recursos.

No digo que la solución sea evidente, pero habría que darle una vuelta a un mecanismo que trata a los escolares al peso y a sus docentes como números en un listado.