El centro de El Puerto sin colegios públicos

Ha cerrado El Vaporcito, el último colegio público que quedaba en el casco histórico de El Puerto. Le antecedieron el colegio San Agustín y la Guardería municipal de la calle Micaela Aramburu. Dicen que el centro se muere, y medidas así aceleran la eutanasia. Sólo sobrevive, y con buena salud, el Instituto Santo Domingo.

Y no es por falta de alumnado, pues en el centro hay seis colegios concertados, cinco de Órdenes religiosas, a los que se les han ido aumentando las unidades y ampliando las etapas educativas conforme se reducían en la pública.

El partido que gobierna actualmente Andalucía invoca constantemente el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, derecho que impide en El Puerto de Santa María. Una familia que viva en el centro de esta “gran ciudad” no puede escoger que sus hijos estudien en un centro público en las etapas infantil y primaria.

De hecho, este curso, a una treintena de familias que habían optado por la enseñanza pública para sus hijos, les han obligado a que se escolaricen en centros privados concertados. Algunas han recurrido, alegando que no son creyentes y que no quieren que sus hijos estudien en un colegio confesional donde uno de sus principios es trasmitir la religión católica. Se los han rechazado. Adoctrinamiento obligatorio.

La Junta de Andalucía está desarrollando un plan discreto pero implacable de desmontaje de la enseñanza pública para favorecer a la privada concertada, que en su práctica totalidad es de carácter religioso. Al igual que con la sanidad, aumenta los recursos destinados a conciertos con centros privados, mientras se reduce la financiación de los centros públicos. Y este plan no tiene más justificación que la ideológica; la calidad y el derecho a la libre elección del tipo de enseñanza quedan en un segundo lugar.

La obsesión de la Junta por favorecer a la privada ha llegado al límite de haber renunciado a 112 millones de euros destinados a la creación de 12.000 plazas de educación infantil pública y gratuita; ha alegado que con las guarderías privadas es suficiente.

Disponer de centros públicos de calidad es una de las condiciones que garantiza la equidad social y la vida en los cascos urbanos y barriadas de las ciudades.