La ley del embudo en el caso Matadero

Ganar Cádiz siempre deseó hacerse con la delegación municipal de Asuntos Sociales. Tras las elecciones de 2015, en las negociaciones entre el grupo mayoritario de Podemos y el minoritario de Ganar, estos pusieron encima de la mesa hacerse con esta cartera.Sin embargo, desde la formación de José María González ‘Kichi’ se puso la línea roja y se dijo que esa delegación era intocable.

La pretensión de Ganar Cádiz tenía cierto sentido, ya que como número dos llevaba a Eva Tubío, trabajadora social de esta delegación y hermana de Pilar, la persona que había desatado el caso Matadero por un presunto trato de favor de los concejales del PP a la hora de entregar algunas viviendas de esta promoción social a usuarios que realmente no cumplían los requisitos.

Durante estos años se ha producido una doble batalla. Por un lado la política, donde las fricciones entre los dos socios de gobierno se ha centrado en gran parte en la gestión de los servicios sociales. Más de una y dos veces, Ganar Cádiz cuestionaba a la edil Ana Fernández, algo que públicamente se recibía con deportividad por parte de Podemos pero que de manera interna sentaba muy mal entre las huestes del alcalde.

Esta batalla política terminó finalmente en una lista única con la que comparecieron a las elecciones municipales de este año bajo las siglas de Adelante Cádiz. Tras la victoria holgada, la parte de Podemos decidió en esta ocasión darle la que anteriormente era su joya de la corona a la parte de Ganar Cádiz pero curiosamente, la concejalía no ha ido a Eva Tubío, con la que se desgastó la relación, y sí para la novel Helena Fernández.

Paralelamente la vía judicial fue dando un giro increíble. Las que se señalaron como piezas de caza, las concejalas del Partido Popular, salieron indemnes del asunto y en la sede judicial se dejó claro que no se había producido ningún tipo de favoritismo. La que aparecía como cazadora, Pilar Tubío, pasaba a ser procesada y, si los recursos no llegan a ningún lado, será enjuiciada por prevaricación administrativa, ya que el juzgado entiende que ella sí pudo alterar un expediente para que una persona que no tenía derecho a una vivienda, la obtuviera finalmente.

En este panorama, Adelante Cádiz va a nombrar directora de Servicios Sociales a la propia Pilar Tubío, una decisión como mínimo arriesgada e imprudente. El puesto más alto desde el punto de vista técnico en esta delegación está en pleno proceso judicial.

En este caso se produce la ley del embudo. En su día Martín Vila, actual líder de Ganar Cádiz y teniente de alcalde, pidió de manera enérgica las dimisiones de las ediles del PP Mercedes Colombo y Carmen Sánchez por el asunto de la concesión de Matadero. Entonces las dos concejalas no llegaron a estar ni investigadas. Ahora ellos están dispuestos a darle la mayor responsabilidad técnica a Pilar Tubío.

El código ético que firmó la candidatura de Adelante Cádiz se refería al compromiso de renuncia o cese en el caso de condena por una serie de delitos, entre la que se incluía la prevaricación. Tubío no está condenada porque aún tiene que ser juzgada y es verdad que el código ético es para los cargos de la candidatura y ella es técnica, pero debería darles que pensar.