¿Hacia dónde dirigir el sistema universitario andaluz?

Hace algo más de dos años escribía, en estas mismas páginas, que un escenario probable para nuestro sistema universitario sería el “white flight”, es decir, la huida de los nativos con rentas medias y altas de la educación pública, a medida que también aumenta el número de universidades privadas, si la sociedad no considera de superior calidad a las públicas. Fenómeno similar al que ya tenemos en la educación preuniversitaria.

Dos años después, la probabilidad de este escenario sigue incrementándose, aunque todavía no es inexorable. La solución extrema, que algunos sugieren, sería limitar o incluso prohibir las universidades privadas. Muy discutible en un país cuyo gasto en I+D+i es muy inferior al de nuestros pares de las economías desarrolladas. Además, volver a convertir a las públicas en monopolios locales no garantiza su salto de calidad, incluso puede desincentivarla.

Las públicas andaluzas, respecto de las privadas, podrían aprender de como una de sus correligionarias evitaba colaborar con la universidad hermana, también pública, recién creada. Incluso prefirió establecer un supuesto Campus de Excelencia con otra universidad que estaba a más de doscientos kilómetros. Afortunadamente, hoy ambas universidades se reconocen y colaboran, sin grandes recelos, en provecho de ambas. Quién sabe, si algún día se acabarán fusionando, para intentar generar un campeón público regional. Ya que necesitamos desesperadamente buenas universidades, cuántas más mejor. Sin ellas la prosperidad futura de nuestra tierra estará seriamente comprometida.

En el pasado reciente, los notables éxitos internacionales de la Universidad de Granada nos muestran que este objetivo es viable, pero no fácil. Para ello, en primer lugar, debemos entender que las Universidades sólo deben consagrarse al conocimiento, concretamente a maximizar su producción, enseñanza y transferencia a la sociedad, subordinando, o directamente evitando, cualquier otro objetivo, para el que siempre existirá otra institución más pertinente.

Después sólo hay que copiar buenas prácticas, algunas a coste cero y otras incluso ahorrando dinero público, que nos ofrecen las grandes universidades públicas, también de nuestro país, pero empezando por las del Estado de California, cuatro de ellas entre las veinte mejores del mundo.

Universidades que hace décadas entendieron que la excelencia de la docencia no está en los grupos pequeños, como en la educación primaria, sino en la excepcional calidad del docente, aunque sea en grupos masificados. Eso sí, dónde el docente titular contará con apoyo para el desdoble en prácticas y las actividades de evaluación continua.

Necesitamos optimizar la política de investigación. Garantizando la provisión de unos recursos mínimos a toda investigación competitiva susceptible de acabar en un top journal, siempre a través de los imprescindibles Grupos de Investigación, evitando crear nuevos artefactos burocráticos. Es imperativa una nueva política de incentivos, fijos y variables, a los investigadores, que más que reconocer los logros académicos pasados, favorezca los futuros.

Pero también necesitamos mejorar la gobernanza universitaria, discutiendo críticamente el estudio que, no hace tanto, realizó la AIREF sobre nuestro sistema universitario. En resumen, bienvenidas las exigencias para todas, públicas y privadas.

La sede vacante de la Agencia Andaluza de Calidad Universitaria y la futura Ley autonómica son dos buenas oportunidades de actualizar el rumboHace algo más de dos años escribía, en estas mismas páginas, que un escenario probable para nuestro sistema universitario sería el “white flight”, es decir, la huida de los nativos con rentas medias y altas de la educación pública, a medida que también aumenta el número de universidades privadas, si la sociedad no considera de superior calidad a las públicas. Fenómeno similar al que ya tenemos en la educación preuniversitaria.

Dos años después, la probabilidad de este escenario sigue incrementándose, aunque todavía no es inexorable. La solución extrema, que algunos sugieren, sería limitar o incluso prohibir las universidades privadas. Muy discutible en un país cuyo gasto en I+D+i es muy inferior al de nuestros pares de las economías desarrolladas. Además, volver a convertir a las públicas en monopolios locales no garantiza su salto de calidad, incluso puede desincentivarla.

Las públicas andaluzas, respecto de las privadas, podrían aprender de como una de sus correligionarias evitaba colaborar con la universidad hermana, también pública, recién creada. Incluso prefirió establecer un supuesto Campus de Excelencia con otra universidad que estaba a más de doscientos kilómetros. Afortunadamente, hoy ambas universidades se reconocen y colaboran, sin grandes recelos, en provecho de ambas. Quién sabe, si algún día se acabarán fusionando, para intentar generar un campeón público regional. Ya que necesitamos desesperadamente buenas universidades, cuántas más mejor. Sin ellas la prosperidad futura de nuestra tierra estará seriamente comprometida.

En el pasado reciente, los notables éxitos internacionales de la Universidad de Granada nos muestran que este objetivo es viable, pero no fácil. Para ello, en primer lugar, debemos entender que las Universidades sólo deben consagrarse al conocimiento, concretamente a maximizar su producción, enseñanza y transferencia a la sociedad, subordinando, o directamente evitando, cualquier otro objetivo, para el que siempre existirá otra institución más pertinente.

Después sólo hay que copiar buenas prácticas, algunas a coste cero y otras incluso ahorrando dinero público, que nos ofrecen las grandes universidades públicas, también de nuestro país, pero empezando por las del Estado de California, cuatro de ellas entre las veinte mejores del mundo.

Universidades que hace décadas entendieron que la excelencia de la docencia no está en los grupos pequeños, como en la educación primaria, sino en la excepcional calidad del docente, aunque sea en grupos masificados. Eso sí, dónde el docente titular contará con apoyo para el desdoble en prácticas y las actividades de evaluación continua.

Necesitamos optimizar la política de investigación. Garantizando la provisión de unos recursos mínimos a toda investigación competitiva susceptible de acabar en un top journal, siempre a través de los imprescindibles Grupos de Investigación, evitando crear nuevos artefactos burocráticos. Es imperativa una nueva política de incentivos, fijos y variables, a los investigadores, que más que reconocer los logros académicos pasados, favorezca los futuros.

Pero también necesitamos mejorar la gobernanza universitaria, discutiendo críticamente el estudio que, no hace tanto, realizó la AIREF sobre nuestro sistema universitario. En resumen, bienvenidas las exigencias para todas, públicas y privadas.

La sede vacante de la Agencia Andaluza de Calidad Universitaria y la futura Ley autonómica son dos buenas oportunidades de actualizar el rumbo.