El engaño de la mediación

Después de la Ley Orgánica 1/25 de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ha perpetrado Félix Bolaños, que no sé si es Ministro de Justicia o Abogado defensor de Begoña Gómez, los abogados y juristas en general hemos sufrido un ataque de pánico. Una vez más el Gobierno del color que toque hace modificaciones puntuales de las leyes procesales, revolviendo todo y cambiando los sistemas sin ningún tipo de orden ni armonía. Este hecho viene a obligar a estudiar desde su base las reformas y a estar pendientes de su aplicación práctica para no meter la pata.

Una de las principales normas que Bolaños ha introducido con calzador es la mediación. Habrá quién esté a favor de algo que ya se ha hecho siempre, pero yo no. Estamos ante un nuevo ejemplo de ese adanismo recalcitrante al que nos tienen acostumbrados los políticos de nuevo cuño. Legislamos sobre algo que ya teníamos y nos apuntamos el mérito. Porque, todo hay que decirlo, la mediación ya existía. Y era un fracaso.

Quizás la que tuviera un mayor índice de utilidad sería la social o laboral, por aquello de su obligatoriedad en caso de despido y la condena en costas (a la empresa) si no asistía, pero en otras sedes, la civil o la penal, aquello no funcionaba ni para atrás. Si analizo desde mi propia experiencia como letrado con más de veinte años de ejercicio observo que los procesos de mediación en los que he participado, han sido tres como mucho. Tres en veintitrés años. Y siendo generoso. Esto no se ha producido porque yo sea reacio a mediar, en absoluto, sino porque hay gente que no admite acuerdo alguno, salvo "que se lo diga un juez por escrito" y porque en otras situaciones la mediación solo puede llegar a buen fin con el perdón del ofendido y la indemnización del daño causado, y eso no es tan fácil.

A partir de marzo, el Gobierno obligará a acudir a una mediación civil, social o mercantil como requisito de procedibilidad para acudir a juicio. Con esta medida se dice potenciar la resolución extrajudicial de los conflictos, evitando el colapso de la administración de Justicia y produciendo un ahorro económico al ciudadano, que evitará incurrir en los gastos del proceso (abogado, procurador, perito, etc). Desde mi perspectiva, todo esto es un engaño, una estafa más al justiciable por parte de una persona que me resulta incapacitada para su labor.

La mediación penal es un unicornio legal, por muy buenista que sea el sanchismo zapateriano o lo proclive a la misma que sea quién pretenda ganar dinero con su ejercicio. El sistema penal ofrece la posibilidad de reducciones de condena con o sin atenuantes, y para que la mediación fuera realmente válida tendría que mejorar mucho más aún estos beneficios. Pero, aparte, tiene un obstáculo mucho más duro de salvar que el indemnizatorio: el perdón del ofendido. Una persona a la que un promotor inmobiliario corrupto haya estafado un millón de euros lo va a querer ver en la cárcel, salvo que le devuelva el dinero sustraído, pero ¿qué dirá el padre de una chica violada y asesinada?

Por otro lado, la mediación civil es un absurdo porque siempre ha existido. Con ese nombre y con otros. Cada vez que dos abogados alcanzan un acuerdo transaccional se ha producido de facto una mediación. Esa teoría falsaria que dice que la mediación ahorra dinero al justiciable es incierta, en primer lugar porque los mediadores cobran por su labor, y en segundo lugar porque auguro un altísimo porcentaje de fracaso en su tramitación (véanse las estadísticas de los actos de conciliación previos a las demandas). El gobierno ya vendió la moto de que el divorcio notarial ayudaría a descongestionar los juzgados, lo que ha tenido un impacto ínfimo. Y con la mediación el engaño llega a una cota mayor: lo que va a provocar sin duda -por su obligatoriedad- es retrasar un año el comienzo de los pleitos. Luego llegarán los cuellos de botella y la paralización de la Justicia, provocando un efecto similar al de la creación de juzgados especializados en cláusulas suelo: que la finalización de los procesos se aplazará cinco años.

Y debemos pensar: en los pleitos de cláusulas abusivas esta tardanza benefició para sorpresa de nadie a los bancos. ¿A quién beneficiará la mediación? ¿A chiringuitos creados ad hoc?

¿O a aquellos que sólo ofertan 120 plazas de jueces al año pero promueven 1000 plazas de jueces sustitutos?