España,

De vuelta los fines de semana a Andalucía, compaginando la Vicepresidencia primera y la cartera de Hacienda del Estado con la condición de candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero vuelve a demostrar que vale lo mismo que para un descosido, y que es capaz de estirar su tiempo entre unas cosas y otras; que no son pocas cosas, ni menores. Otros ministros afrontan tal heroica carga de trabajo: la de estar en la misa nacional y, a la vez, repicando en los mítines regionales. Uno se malicia que, si el Gobierno y el partido regidos por Pedro Sánchez encomiendan tan incompatibles funciones a sus principales gestores, es porque se puede ser ministro a tiempo parcial o fijo discontinuo. Como los maleteros de aeropuerto y los camareros de temporada. Pero, poca broma, a otro nivel; al máximo nivel. Asombra que la multitarea de jefaturas sea legítima, y es más que dudoso que se puedan llevar con alguna eficacia y al mismo tiempo las obligaciones nacionales y las estrategias electorales regionales. ¿O es que un ministerio no requiere de una dedicación completa por parte de su ministro titular? Asombroso.

La aguerrida y capaz Montero debe lidiar ahora con un asunto macroeconómico y titánico: dar alguna explicación al privilegio fiscal catalán derivado de la dependencia del Estado central –del Gobierno español– de los apoyos de Puigdemont, padre del “España nos roba”, del referéndum fulero para la soberanía de Cataluña, y de su posterior y delictiva declaración de independencia en sede autonómica. Para ello, Montero saca un conejo de la chistera: la deuda de las comunidades autónomas se la tragará el Estado, el Reino de España. ¿Cómo puede defenderse eso, si no es por un nuevo ejercicio de funambulismo legislativo y ejecutivo? No va a morir financieramente España por la mutualización de urgencia de la deuda del poliedro competencial y fiscal español, no. Sí resulta preocupante que se transmita un mensaje que desincentiva el rigor presupuestario y la racionalidad en la asunción regional de préstamos. ¿A qué jugamos?

Pero, sobre todo, es desesperanzador que un propósito partidista ponga patas arriba, de frente, de espaldas y de perfil a un sistema de financiación territorial (en plata y por ejemplo: los recursos con los que cuentan las comunidades autónomas para Sanidad). La zanahoria del Estado central ofrecida a esta u otras autonomías, mil millones arriba o abajo, posibilitaría que las regiones adquieran más palanca para financiarse en los mercados del dinero. Pero el juego es de suma cero. Alguien debe pagar la deuda. No hace falta ser un economista gurú para entender esto. Lo que unos ganan, otros lo pierden. Y lo peor: los unos y los otros son los mismos, los españoles.

La resultante de este nuevo ejercicio de magia política es otro ring político más. Con razón, algunas comunidades autónomas -–como Andalucía– se niegan a aceptar el regalo, que no es sino un efecto colateral de la componenda PSOE-Junts, que mantiene desquiciadamente un equilibrio de poder: el de poder seguir siendo presidente Pedro Sánchez por siete votos parlamentarios, los que titiritea Puigdemont (prófugo en Waterloo; lo que es, es).

Mientras, a océanos de concepto, en Alemania se vuelven a aliar los conservadores vencedores y los socialdemócratas razonables, una alianza responsable que aquí es tabú. Mientras también, los repentinos trumpistas y neosoviéticos de España –Vox– hacen cuentas y cuadran su caja, entre Pinto y Valdemoro, entre Washington y el Kremlin; aunque ambos faroleros globales, de pronto aliados muy amenazantes, sean, según es evidente, declarados enemigos nuestros. Básicamente, nos ignoran. Aquí, empequeñecidos y a puras leches, hacemos causa electoral de ingentes deudas públicas. Que se pagarán. Cómo si se pagarán.