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Rafael Duarte
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Salud sin fronteras
El anuncio por parte de la ministra de sanidad Mónica García del inicio de los trabajos para reformar el Estatuto Marco, ha generado un intenso debate entre los sindicatos y organizaciones profesionales del ámbito sanitario.
El Estatuto vigente se aprobó en 2023 y surgió tras intensos trabajos liderados por el Ministerio de Sanidad con Ana Pastor como titular, en los que estuvieron involucrados los sindicatos y organizaciones profesionales de entonces, las Comunidades Autónomas y los Grupos Parlamentarios; tuve el honor de representar junto a Consuelo Rumi al Grupo Socialista e hicimos muchas aportaciones que fueron reflejadas en el texto aprobado finalmente por las Cortes Generales.
Emprender ahora la reforma del actual Estatuto está más que justificado si se quiere actualizar la regulación de las relaciones laborales y profesionales afrontando nuevos retos y desafíos que hace 20 no eran evidentes o no estaban presentes en la realidad que entonces había que afrontar para modernizar el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La ministra Mónica García afronta con valentía la iniciativa en un contexto enormemente difícil; pocos proyectos de Ley tienen posibilidades ciertas de ser aprobados en las Cortes Generales dada la actual composición de las cámaras parlamentarias y el clima de relaciones entre los grupos. En el caso de esta norma, además, el consenso entre las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del SNS es una operación altamente improbable por la contaminación política del contexto actual.
Es por eso que tiene más mérito aún que Mónica García intente conseguir un nuevo Estatuto Marco aún cuando, además de las dificultades anteriormente citadas, los sindicatos y colegios profesionales se están manifestando muy contrarios a algunas de las propuestas planteadas desde el Ministerio, como puede ser la idea de hacer incompatible la actividad privada y pública a directivos y jefes de servicio, entre otras.
En este contexto cabe reclamar diálogo y buena voluntad a todas las partes implicadas porque si se va a elaborar un nuevo Estatuto Marco, habría que trabajar en encontrar puntos en común. Y los hay, si todos los agentes ponen el interés general por encima del interés común.
Pero hay un requisito que desde mi punto de vista es clave para el éxito final de la iniciativa: me refiero a que es imprescindible que las administraciones central y autonómicas definan conjuntamente que tipo de Estatuto quieren para el SNS de los próximos años. Este no puede ser un Estatuto del Ministerio y ni siquiera del Ministerio y los sindicatos, aunque lo acordaran entre ellos.
Es el SNS en su conjunto el que debe hacer una propuesta a sindicatos y organizaciones profesionales para el diálogo, la negociación y el eventual acuerdo. Así que el trabajo inicial más importante es el que hay que desarrollar entre Ministerio y Comunidades. En mi opinión es poco probable que esta legislatura alumbre un nuevo Estatuto salvo que se trabaje en esa dirección.
Es por eso que es exigible que todos los implicados pongan la mejor voluntad en beneficio del SNS y de la ciudadanía buscando también el mejor encaje que los profesionales deben tener en nuestra sanidad. Sin privilegios, aunque si con las mejores condiciones de trabajo posibles para el desarrollo profesional en beneficio de pacientes y ciudadanía.
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