Moreno, Montero y la competencia fiscal

El desembarco en Andalucía de la vicepresidenta del Gobierno promete una etapa de interesante debate político, tras una etapa que podría calificarse de placentera de Moreno al frente de la Junta de Andalucía, siempre que la desinformación y los bulos no la estropee. Moreno y Montero representan modelos políticos distanciados ideológicamente y en términos de gestión, especialmente en el terreno fiscal y más concretamente en el de la competencia fiscal entre territorios.

Definamos la competencia fiscal como la utilización del sistema impositivo como factor de atracción de inversiones y empresas, frente a otros territorios. Se trata de una herramienta clásica de la política regional que persigue discriminar a favor de los territorios menos desarrollados y con más desempleo, con la finalidad de incentivar la inversión y la localización empresarial.

Para Moreno, la fiscalidad es una importante herramienta para mejorar la competitividad, mientras que Montero defiende la prevalencia de la homogeneidad, dejando entrever que lo contrario puede dar lugar a competencia desleal o nociva para los territorios cuyas bases recaudatorias pudieran verse perjudicadas por una competencia asfixiante que, en el caso de economías con menos recursos, podrían provocar recortes indeseables en los servicios básicos a la población.

La debilidad del argumento de Montero reside en el impulso de su Ministerio a la singularidad fiscal catalana, en línea con la asimetría que suponen los regímenes forales en País Vasco y Navarra. La paradoja no solo reside en que se trata de tres de las comunidades con mayor capacidad recaudatoria, sino también en su firme oposición a que el resto pueda elegir la fiscalidad como estrategia para mejorar su competitividad, particularmente manifiesta en los casos de Madrid y Andalucía. La contradicción se hace todavía más evidente tras la reciente publicación de un artículo (Revista Española de Financiación y Contabilidad) de Garmendia y Baselga, investigadores de la Universidad de Deusto, en el que recogen evidencias de que las empresas localizadas en las autonomías de régimen común soportan mayor carga fiscal que en los territorios forales, que además están en condiciones de ofrecer mayores incentivos a la atracción de inversiones y empresas.

La realidad es que la carga fiscal difiere entre autonomías, lo que no debería resultar sorprendente, dado el carácter descentralizado del modelo político español. La competencia fiscal entre autonomías no perjudica ni la autonomía financiera ni la equidad, sostiene F. Adame, Catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Sevilla, sino que debe entenderse como el reflejo lógico de un modelo que debe aspirar a recoger sensibilidades políticas diferentes en cada región. La principal reserva tiene que ver con el principio de solidaridad, en el sentido de que el uso abusivo de la competencia fiscal por parte de regiones con abundantes recursos tributarios puede perjudicar al resto. En todo caso, si la competencia fiscal viene acompañada de mayor eficiencia en la gestión de recursos públicos y en la eliminación de burocracia, difícilmente podrán cuestionarse sus ventajas.