Vivienda en Cádiz, ¿para quién?

El problema ya no es la vivienda en sí, que no hay en una ciudad sin suelo nuevo que explorar -aunque después de repetir este manido mensaje aparecen soluciones como la que ya ha aprobado el Ayuntamiento de convertir Navalips y todo el entorno en un nuevo barrio de más de 800 pisos-. Cuando se encuentran soluciones a este problema, aparece otro que vuelve a embarrar lo que parecía solucionado: suelo para qué vivienda. Incluso algo más concreto: vivienda pública, pero bajo qué régimen, fórmula o modelo.

Hacia este nuevo entuerto, pues, camina la ciudad, que sin apenas tiempo para alegrarse de la operación de Navalips deja mostrar flecos de lo que será a buen seguro una gran polémica en los próximos años. Y es que la aprobación inicial del plan liderado por Zona Franca mostró los distintos planteamientos, las reivindicaciones y también las contradicciones respecto a la vivienda, el problema y sus soluciones.

En el entorno de Navalips (que afecta al solar de la antigua fábrica, a todas las edificaciones de la calle del Estrecho y a la manzana entre Magallanes y Juan de la Cosa) se van a construir 400 viviendas libre (es decir, privadas) y 400 públicas. Algo que apoya un partido, el PSOE, que a su vez reclama al Ayuntamiento que toda la vivienda que construya sea pública. Y de las 400 públicas, reclama Adelante -y, con menor intensidad, también el PSOE- que el 100% se destinen a alquiler; y dentro del alquiler, al social; incluso dentro del social, según planteaba Paradas en el pleno del miércoles, el destinado a colectivos en riesgo de exclusión.

Defiende AIG que las viviendas deben ser de titularidad municipal, construidas a cargo de la empresa Procasa; y todas de alquiler con precios bajos, entendiendo que el resto de la población puede acudir a las 400 de renta libre. Y este criterio de AIG (que puede reducirse a pisos para los que menos tienen) no lo comparte el gobierno municipal actual, que considera que el Ayuntamiento debe facilitar el acceso a la vivienda de un espectro más amplio de la población, no solo al que menos recursos tiene; y que la vivienda debe facilitarse no solo en régimen de alquiler, sino también en venta, o en alquiler con opción a compra. Entre otras cosas, porque los números salen cuando la administración recupera parte de la financiación, lo que a su vez le reporta ingresos con los que hacer futuras promociones y actuaciones.

He aquí, precisamente, otra de las contradicciones que se ponen de manifiesto en este debate de la vivienda. Y es que todos dan por hecho que en Navalips solo sea vivienda protegida el 50% del total, “para que la operación sea real”; al mismo tiempo que al Ayuntamiento se le quiere obligar a construir toda la vivienda en alquiler, con las cargas permanentes (por ejemplo en lo relativo al mantenimiento y conservación) que supone.

A nivel de cifras, basta con hacer una regla de tres. Si el Ayuntamiento en este último y medio ha destinado a vivienda más de 11,5 millones de euros, que va a permitir construir 106 pisos en diversas promociones y prácticamente en todas ellas con otras aportaciones andaluzas, estatales y europeas, necesitaría Procasa entre 40 y 50 millones de euros para alcanzar cuatro veces esa cifra de viviendas. Peor aún, porque las 106 viviendas en marcha desde la llegada del PP en junio de 2023 se construyen sobre fincas y solares que ya son de titularidad municipal, mientras que en el suelo de Zona Franca habrá que sumar primero el coste que suponga hacerse con esas parcelas donde levantar los nuevos pisos. Cifras astronómicas, prácticamente imposibles.

De este modo, la oposición municipal quiere un modelo de vivienda social en alquiler en el 50% de Navalips que es objeto de discusión; y el gobierno local apuesta por una variedad de modelos que compartan espacio en ese solar. De hecho, mientras AIG reclama que todo el parque protegido de viviendas sea para alquiler social, en el entorno del PP se preguntan que por qué se acepta que la vivienda protegida solo alcance el 50% del total de 813 pisos, y no el 100%, y en el PSOE aplauden que ese porcentaje sea del 50% y no del 30% como obliga como mínimo la legislación actual.

Es más, en el gobierno de Bruno García aseguran que han respetado al milímetro el documento sobre Navalips que elaboró Zona Franca de la mano del anterior gobierno local, con Kichi como alcalde; por lo que no esconden cierta sorpresa con que Adelante “exija ahora lo que no incluyó” en ese Plan Interior de Reforma que aguarda ahora las posibles alegaciones y los informes sectoriales para ver la luz verde definitiva.

Reivindicaciones con pinzas

En materia de vivienda, se vienen produciendo también reivindicaciones de los partidos políticos en la oposición que chocan, según defienden los partidos que gobiernan, con la legalidad. En los últimos días han vuelto a alzarse la voz sobre dos promociones o problemáticas para las que se plantean soluciones que la otra parte aseguran que son inviables.

La primera de ellas es la situación de los que en su día fueron beneficiarios de una promoción de viviendas en alquiler con opción a compra, una vez que ha cumplido el plazo máximo de ese alquiler y llega la hora de comprar o renunciar. Resulta que todo eso se hizo legalmente mediante un contrato firmado entre inquilinos y Procasa, pese a lo que AIG pretende ahora cambiar las reglas del juego reivindicando que aquellos que no vayan a ejercer la opción de compra se queden en esas viviendas.

A este respecto, señalan desde el gobierno local que sería perfectamente denunciable por cualquiera de los integrantes del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, al tiempo que insisten en que ninguno de esos inquilinos que rechacen la opción de compra “se van a quedar en la calle”. Pero sí serán realojados a promociones que cumplan con el perfil de cada paso.

La segunda promoción polémica es la del Cerro del Moro, para la que el PSOE exige un régimen especial que la Junta rechaza de plano. Insiste el PSOE en que los vecinos de la última fase deben mantener la propiedad de sus viviendas, y no venderlas a la Junta para pasar a unas nuevas viviendas pero en régimen de alquiler (con opción a la compra a los 50 años).

Desde la Junta responden a esta reivindicación asegurando que esa operación de respetar la propiedad de la vivienda sería “prevaricar”. Y es que la administración pública no podría construir una nueva promoción de viviendas para entregárselas a los propietarios de otras viviendas actuales, una fórmula que se antoja del todo ilegal.