Destrucción de la autonomía local

EL proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para el Ministerio de Economía y Hacienda dirigido por el señor Montoro. Y esto es así porque la mayoría de los alcaldes de los pueblos y ciudades de este país, incluso los de su propio color político, están en contra de la reforma de la administración local. Los motivos son muchos y en este texto trataré de exponer los más significativos.

Primero, porque los argumentos o exposición de motivos que se basan en la modificación del artículo 135 de la Constitución perpetrados por el PSOE en unión con el actual Gobierno de la nación y basándose en la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera no se sostienen, pues las entidades locales tienen una contribución mínima al endeudamiento público en torno al 4% del PIB, de igual modo que su contribución al déficit público es del 0% del PIB -del 0,3% en 2012, del 0% para el periodo 2013-2015- de modo que ni la deuda pública ni el déficit estructural explican la reforma legal que se propone, ni, por tanto, tampoco el cumplimiento del precepto constitucional.

La Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local supone un menoscabo al Estatuto de Autonomía de Andalucía ya que vulnera su Título III de Organización Territorial de la Comunidad Autónoma, en concreto los artículos del 89 al 95 donde se establece la estructura y organización del territorio andaluz y se definen las competencias de los ayuntamientos andaluces. Por lo tanto, esta reforma de la Ley de Bases de Régimen Local supone una injerencia intolerable en el poder local andaluz garantizado por nuestro Estatuto de Autonomía. La reforma de nuestro Estatuto incorporó, con el impulso de IU como fuerza de gran voluntad municipalista, competencias propias de los ayuntamientos que blindaron y definieron claramente sus funciones sobre determinadas materias. El actual modelo municipal va a sufrir una retirada de competencias y de funciones a favor de las diputaciones provinciales -que no son precisamente instituciones de elección directa de los ciudadanos- y que alejarán a los ciudadanos de la toma de decisiones en sus municipios. Se acerca, por lo tanto, más a un modelo preconstitucional de gobernadores civiles que a un auténtico poder ciudadano de profunda raíz democrática, cercano y participativo, y que representa una involución hacia épocas ya superadas por el desarrollo democrático de los pueblos.

Aspectos de esta reforma que son de gran calado y que van a suponer una pérdida importante en los servicios que presta un Ayuntamiento a los ciudadanos no se ponen de relieve en los medios de comunicación, y sí aparece el mensaje populista que hace referencia a los sueldos de los alcaldes, al número de concejales liberados o al personal de confianza. Aspectos importantes que considero necesarios establecer y controlar, ya que han sido algunos los desmanes cometidos en este país y que calan mucho en la opinión pública, pero no caigamos en el error de decir que todos los políticos son iguales, por lo peligroso de este discurso fácil y porque falta a la realidad, ya que no todos tienen sueldos desorbitados y porque el 82% de concejales/as de este país trabajan sin cobrar nada.

Esta reforma es injusta y arbitraria pues establece criterios diferentes según el número de habitantes de una población a la hora de eliminar competencias o ser intervenidos por parte de la administración central y, sin duda, los que salen peor parados son los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que si no cumplen algunos de los requisitos de control financiero pueden ser rápidamente intervenidos. Algo parecido ocurre con los municipios menores de 20.000 habitantes que, al igual que los anteriores, se deben someter a un estudio de cada uno de los servicios que presta en función de unos criterios basados en estándares de calidad que nadie conoce y que serán muy difíciles de cuantificar, ya que son muchas las variables a tener en cuenta (dispersión de la población, las características de las infraestructuras, la geografía …). Si no se cumplen estos criterios perderán las competencias para pasar las mismas a las diputaciones provinciales. Sin duda alguna estamos ante un ataque sin precedentes a la autonomía local. Considero más acorde y justo valorar en su conjunto los servicios que presta el Ayuntamiento y, si se prestan sin que supongan un atentado contra el tan ansiado mantra del déficit de la política neoliberal del PP, los servicios no pasen a manos de otra administración en caso de las competencias propias, o se supriman si son de las denominadas competencias impropias que sin duda vienen dando los ayuntamientos porque otras administraciones no tienen capacidad para prestarlas.

Si esta ley no es modificada, se producirá un vaciado de competencias de los ayuntamientos en la que los concejales y alcaldes quedarán como meros convidados de piedra sin poder gestionar nada y sin posibilidad de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Esta reforma elimina el poder de lo más cercano y aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público. Todo esto en un momento en el que la población exige más participación, más democracia y más transparencia y, sin embargo, se le responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.

En definitiva esta nueva reforma propuesta por el gobierno del PP supone la aplicación de sus principios neoliberales de privatizar y acabar con lo público. "Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho" y por lo tanto los alcaldes y alcaldesas de Andalucía estamos obligados a rebelarnos.