Firmar o no firmar

Me encantaría que el Rey se negase a firmar la ley de amnistía. Si se levantase esos días con el ánimo del discurso del 3 de octubre de 2017 no digo yo que no sería que no. En su corazón, ganas de no firmar no deben de faltarle. Claro que decirlo desde mi irresponsable despachito es fácil, sin sentir las gravitaciones de los derechos y de los deberes.

El conflicto institucional que permitiese a los españoles calibrar la trascendencia que tiene la ley de amnistía haría mucho bien a la democracia, al Estado, a la nación y, desde luego, al reino. Ojalá que al menos, como el joven príncipe Hamlet, el rey se pregunte por los largos corredores de palacio: “Firmar o no firmar, he aquí la cuestión” con la calavera del sistema del 78 en la mano. Claramente el artículo 91 de la Constitución no parece dejarle mucho margen: “El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”. Pero la auténtica objeción de conciencia está por encima de la ley, aunque el sujeto no esté por encima de las consecuencias de su vulneración.

Habrá quien piense que exagero, pero es que se trata de eso. De exagerar para que no minusvaloremos la voladura de la separación de poderes y de la democracia que implica esta amnistía general.

Sin embargo, como aristotélico a machamartillo, me conformo con el término medio. Es posible que el Rey no tenga más remedio que firmar la dichosa ley. Eso nos daría una lección melancólica pero muy política: el último ciudadano de España es su soberano, sometido a la Constitución como no lo está Pedro Sánchez, que colecciona sentencias de inconstitucionalidad, ni, por supuesto, los amnistiados catalanes que ya trataron de quebrarla y juran y perjuran que lo volverán a hacer. Aquí el único que se toma en serio la Constitución a estas alturas es el monarca. El hecho emocionará, como es lógico, a los kelsenianos.

Pero ¿dónde está mi término medio? Pues que, si vamos a cumplir el artículo 91, yo aprovecharía hasta el último minuto literalmente del plazo legal. Firmaría a las 23:57 del décimo quinto día. Absolutamente intachable con el papel constitucional y un ejemplo de estricto cumplimiento de la legalidad vigente, pero, a la vez, salvando la conciencia y el honor por el reloj y la campana; y Puigdemont y Sánchez de los nervios. Yo creo que Yorick lo aprobaría con un cascabeleo sonriente.