El apartheid de los no fumadores

EN 1884 Ida B. Wells, negra, había adquirido un billete de primera clase en el ferrocarril de Cheasepeake & Ohio. El revisor le pidió que se levantara y se fuera al vagón de los Jim Crow (forma despectiva de referirse a los negros). Ida se negó alegando que tenía su billete y que el vagón al que querían enviarla era...¡De fumadores! y ella era una dama. Esta activista negra que no renunció a su asiento 70 años antes de que lo hiciera Rosa Parks, madre de la lucha por los derechos civiles, puede también considerarse la primera luchadora antitabaco. Ida, obligada por 3 hombres blancos a salir del tren y regresar a pie a su casa pleiteó y ganó en los juzgados de primera instancia una multa de 500 dólares que fue después desestimada por la Corte Suprema de Tennessee. En España, Luis José Merino Álava fue despedido en 2009 de la SERT de Álava, tras llevar 15 años trabajando en la misma, por pedir que se cumpliera la ley del Tabaco en una empresa que almacena miles de litros de material inflamable. La dirección colgó la legislación en el tablón de anuncios señalándolo con su nombre y DNI. A partir de aquel momento el ambiente se hizo irrespirable en más de un sentido y la empresa buscó varias faltas leves por las que ponerlo en la calle. El juez le dio le ha dado la razón en primera instancia ¿Harán ahora como la Corte Suprema de Tennessee? La actual Ley del Tabaco española tiene más relación con las leyes Segregacionistas de los EE.UU que con un ordenamiento basado en los principios de igualdad y no discriminación de nuestra Constitución.

El no fumador en España es un paria social, un negro de la Sudáfrica de Soweto y Bantustán que, para ocupar el lugar sometido que le corresponde, debe renunciar a su ciudadanía y aceptar sin chistar las normas de una minoría fumadora opresora, para convertirse pacíficamente en uno de los 6000 muertos anuales por humo de segunda mano. Comparar el Apartheid con la situación del no fumador parece provocador pero, de hecho, las analogías con ésta y otras discriminaciones son tan evidentes que las entroncan con la lucha de Mandela, las marchas por los derechos civiles en los EE. UU de Martin Luther King y los derechos de los homosexuales de Harvey Milk, haciendo que merezca la pena plantear las similitudes, especialmente cuando esta falsa "Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo" ha servido para poco más que los supremacistas fumadores clamen al cielo ante un falso acoso mientras que la realidad cotidiana del país, especialmente en bares, restaurantes y ocio nocturno solo ha cambiado en que los Afrikaner- fumadores poseen un marco legal que legitima la mala educación y mina por igual nuestra salud y nuestros derechos.

Un Apartheid ante todo, es una minoría privilegiada que oprime y despoja de derechos a una mayoría. Tal es la situación del no fumador en España. La Sudáfrica que encarceló 30 años a Mandela tenía un 20 por ciento de la población blanca. Aquí, menos de una tercera parte de de la población impone su cigarro a todo el sector de la hostelería, exponiendo a dos tercios de la misma a sustancias cancerígenas que cuestan miles de muertes al año y millones de euros al sistema sanitario. De esta forma, los ciudadanos no fumadores, al entrar en un local se convierten en ciudadanos de segunda clase o, mejor dicho no-ciudadanos, desde el momento que una minoría obtiene el respaldo legal del estado para pisotear el derecho a la igualdad, no discriminación "por cualquier otra condición o circunstancia personal o social." (art 14 CE) y la salud. Y qué decir de los empleados de hostelería, a los que en Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que el empresario "deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo". Como apunte, un trabajador en un espacio con humo tiene un 50% más de posibilidades de sufrir cáncer de pecho.

De la vieja a la nueva.

La vigente Ley del Tabaco española cometió el error de aprobar las "excepciones" en los espacios cerrados, con el malhadado anexo a la ley. Mientras tanto, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Suecia, la champions league europea, consciente del poder letal del tabaco decidió proteger al no fumador de sufrirlo en TODOS los espacios cerrados, incluyendo la hostelería. Más muertes al año que las que causa la carretera y toneladas de evidencia científica parecen no ser suficientes. De este modo, la ley española actúa efectivamente como valedora de una minoría privilegiada que, con su hábito de fumar, no solo se expone a gravísimas enfermedades, sino que las impone a la gran mayoría de la población.

Este sistema de apartheid del no fumador tiene consecuencias sobre la salud con un impacto económico cuantificable. ¿Cuánto se ahorraría la Seguridad Social si, como en Italia, descendieran un 11% los infartos de miocardio tras 5 meses de aplicación de la ley? Todavía más claro es el caso de Pueblo, en el estado de Colorado, EE.UU. donde las hospitalizaciones por 100.000 habitantes se redujeron de 257 a 152 en un período de 3 años tras prohibir fumar en todos los bares de la zona. Ante esta evidencia acumulada, negar los efectos perniciosos sobre la salud cardiovascular es como negar el cambio climático y la evolución. Esta vez sí, nuestros legisladores no deben permanecer ciegos ni sordos a la evidencia científica que habla de los efectos para la salud, ni a la injusticia que supone para el no fumador la ley actual.

La nueva ley no contemplará excepciones para los espacios cerrados que serán 100% libres de humo. Y deberá tener un sistema de aplicación de multas simple y efectivo, como las multas de tráfico, aplicadas por inspectores y policía. La Ministra tiene todos los informes a mano y ha tenido tiempo para aprender de la experiencia en otros países para no repetir errores del pasado. Europa vive ya libre de humo. ¿Cuánto tiempo tardaremos aún en acabar con la discriminación del no fumador? Como Ida B. Wells, como Mandela, como Luis José Merino Álava, queremos al fin poder ser ciudadanos de plenos derechos.