La aldaba
Carlos Navarro Antolín
¡Anda, jaleo, jaleo!
Editorial
LA sanción de 1.500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Rafael Tirado, el juez del caso Mari Luz, por el "retraso injustificado" en la ejecución de la sentencia del pederasta Santiago del Valle no ha satisfecho a nadie, por su escasa cuantía. Al menos inconscientemente se interpreta la cifra como si fuera la multa por el homicidio de una menor, cuando obviamente no es así. Las faltas graves cometidas por los jueces sólo son sancionables con un máximo de 3.000 euros, cantidad irrisoria de la que se escandalizan ahora los mismos políticos que en su día la aprobaron en las Cortes. El juez Tirado era responsable de velar por la ejecución de la sentencia, pero siendo el principal responsable no es el único. El árbol de la escasa cuantía de su sanción no debe ocultar el bosque de corresponsabilidades, por acción u omisión, en este escandaloso caso. Si todo se centra en el juez se distrae la atención sobre la clamorosa cadena de errores del sistema judicial, que queda fuera de foco. Así, la Junta de Andalucía ha filtrado de forma interesada que el juez no pidió refuerzos en tres años. Oculta que entre el 2 de diciembre de 2003 y el 2 de abril de 2008, la Junta de Jueces de lo Penal de Sevilla (los 13 juzgados, incluido el de Tirado) ha pedido en cinco ocasiones dos nuevos Juzgados con dedicación exclusiva para la ejecución de sentencias, y aumento de la plantilla de funcionarios. La Junta hizo oídos sordos siempre, pero ahora lanza la primera piedra contra el magistrado. Ítem más, tanto la Junta como el Ministerio Fiscal -el mismo que ahora se apresura a recurrir la sanción al juez- estuvieron personados en el procedimiento contra el pederasta, y en el expediente se constata su pasividad. Su Estatuto Orgánico (artículos 3 y 4), obliga a la Fiscalía a vigilar las resoluciones judiciales y el estado de los procedimientos. No vigiló, ni pidió prisión ni alertó sobre la peligrosidad del pederasta. La Junta se personó como acusación particular, ¿para qué, si tampoco exigió el encarcelamiento de Del Valle? El juez Tirado no puede escudarse en la cadena de errores, pero tampoco la Junta y la Fiscalía pueden parapetarse tras el magistrado, como están haciendo. Tal como han dicho los funcionarios, "es más fácil 'cargarse' un juez que arreglar la Justicia".
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