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Parece que estamos descubriendo ahora la gravedad del problema de la vivienda. Pese a llevar mucho tiempo despistados con polémicas políticas que apenas inciden en la vida de la gente, la situación se agrava cada día. La manifestación de esta semana, que se ha considerado un 15M de la vivienda, no es más que una pequeña demostración de lo corroído que está el asunto y sus múltiples aristas. Protestan quienes no pueden pagar alquileres a precios astronómicos, personas que tienen sueldos que hasta hace poco les permitían vivir de forma desahogada. Ahora son pobres, porque la vivienda les consume tantos recursos que apenas les da para más. Los jóvenes tampoco aspiran a comprarse una casa o un piso a edades en las que sus padres ya pensaban en la segunda propiedad. Son ellos, con sus herencias, los únicos que están amortiguando un poco el problema social.
Pero hay más derivadas de la escasez y el alto precio de los techos. La okupación, término que se ha generalizado para describir la entrada en una casa sin permiso de la propiedad, se sustenta en esa dificultad para encontrar vivienda, pero también en la laxitud de la legislación y la lentitud del sistema judicial. Aunque el Gobierno se empeñe en sostener que es un cuento exagerado con el que la derecha trata de asustar a los ciudadanos, la realidad es que se trata de un drama cada vez más extendido, que alcanza cotas de surrealismo como en el caso del municipio de Darro, en Granada.
Desde hace algunas semanas, los 1.700 vecinos del pueblo tienen que desplazarse 12 kilómetros para ver a su médico. En el pueblo hay consultorio, pero el edificio municipal ha sido okupado (con k de kilo) y Salud ha ordenado el traslado de su personal a la localidad vecina. Las personas que habitan ahora en la planta alta de las consultas ya han provocado goteras y desperfectos que hacen inviable la actividad normal; pero la Guardia Civil, como en otros muchos casos, no puede hacer nada sin orden del juez. Y todo eso a pesar de la evidente utilidad pública del bien afectado.
La okupación no es ya solo una reacción de mera supervivencia para algunas familias sin hogar, se ha convertido en un negocio manejado por mafias que venden o alquilan llaves de casas vacías. La pillería siempre avanza más rápido que la política o la justicia. Unas cuantas medidas de chapa y pintura aprobadas esta semana en el Consejo de Ministros no pueden mitigar los años de inacción acumulados. Hemos perdido un tiempo precioso, así que toca asumir la emergencia y ocuparse –con c de casa–.
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