Chollo de vivienda

Viviendas a poco más de 20.000 euros en pleno centro de la ciudad. Un chollo solo al alcance de pocos, grandes inversores, especuladores o esos fondos extranjeros a los que el Gobierno pretende expulsar del mercado inmobiliario mediante la política fiscal. Pero qué más les da pagar un poco más a Hacienda si pueden adquirir patrimonio en España a precio irrisorio. El único inconveniente y el motivo por el que esas propiedades no están al alcance de todas esas familias que necesitan comprar vivienda asequible es que los inmuebles de saldo están okupados o inquiokupados. El paso del tiempo y el enquistamiento del problema lleva a algunos propietarios (no todos son gente forrada a la que le sobran los recursos) a poner a la venta sus herencias a un precio muy bajo para quitarse el problema de encima.

Hay ya un mercado para esto y está funcionando, según explican agentes inmobiliarios, porque determinados tipos de compradores tienen todo el tiempo del mundo o los recursos para esperar un desalojo a largo plazo o pagar una solución extrajudicial, con la contratación de empresas dedicadas a este creciente negocio o el pago de primas a quienes controlan esa okupación para conseguir que el piso quede vacío.

Esta es la cara b del famoso escudo social del Gobierno, en lo tocante a la prohibición de los desahucios para personas vulnerables. La cara a ya la conocemos y es que a partir de la pandemia se han evitado aquellos dramas humanos que conocimos en la anterior crisis. ¿Pero quién paga esto?

Propietarios afectados están asumiendo esa carga protectora que le corresponde al sistema público, al tener que dar techo a esas familias que necesitarían otro tipo de soluciones, como por ejemplo, el acceso a su propia vivienda en alquiler o compra, pero a precios razonables. Poco se ha hecho en política de promoción pública inmobiliaria.

El acuerdo alcanzado a última hora con Junts para sacar adelante el decreto en el que se incluye la prórroga de esa medida contra desahucios añade la contraparte de las ayudas y avales a los propietarios para que se animen a alquilar con garantías. Entre su aprobación y su aplicación efectiva habrá toneladas de burocracia, pasando por el despliegue de competencias y recursos a las autonomías. Así que la supuesta solución es aún un enigma. Y seguro que, como ocurre ahora, aquellos que siempre ganan, incluso con las desgracias, sabrán buscar el modo de hacerse un poco más ricos con el nuevo escenario.