El Estado menguante

LA proposición de ley orgánica conjunta de PSOE y Junts para proceder a una delegación de competencias de inmigración del Gobierno central a la Generatitat catalana despeja la incógnita de quién domina a quién entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El texto presentado en el Congreso, más allá si consigue la mayoría absoluta que necesita para convertirse en norma, es una nueva burla al sistema Constitucional por parte de quien ha prometido cumplirla y hacerla cumplir para ser presidente del Ejecutivo y vuelve a demostrar que su mantenimiento en La Moncloa es el único principio inamovible para Sánchez.

La palabra del Gobierno no tiene ningún valor. Da igual que durante meses hayan dicho Sánchez y sus ministros lo obvio: que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado y que no podía ni transferirse ni delegarse. Cuando la única forma de seguir en el poder, aun sin gobernar efectivamente, pasa por saltarse la Constitución, se hace sin remilgos y hurtando a las Cortes Generales la tramitación como proyecto de ley, que obligaría a escuchar a instituciones como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

El modus operandi es conocido: se aplicó ya con la ley de amnistía: una proposición de ley que rompe el consenso constitucional porque lo exige Puigdemont para no retirarle la confianza y poner en peligro la continuidad de la legislatura. Los ponentes de la Constitución rechazaron que las Cortes Generales tuvieran la capacidad de amnistiar y acordaron que el control de las fronteras y los movimientos migratorios es una cuestión que sólo compete al Estado.

Y hete ahí el verdadero desastre: cada semana que Sánchez consolida su política contra la alternancia a toda costa mengua el Estado. Y crecen las estructuras de Estado para una comunidad autónoma en la que hace menos de ocho años hubo un golpe de Estado sedicioso. Los pactos con Junts y con ERC concederían el control de las fronteras y de la caja, lo que les sitúa en mejores condiciones de lo que estaban en 2017. Puigdemont se jacta incluso de ejercer competencias propias de un Estado. Con la anomalía, además, de que el Gobierno de España pacta estas cesiones con la oposición en Cataluña, comunidad que también gobiernan los otrora socialistas. Porque apoyar una ley xenófoba o dinamitar la solidaridad entre españoles es propio de la ultraderecha y no de un Ejecutivo que se dice de izquierda. Queda la esperanza de que Podemos cumpla lo que dice y lo impida para retratar aún más a Sumar.