Guerra de togas y de lavadoras

Las cosas de los hombres se entienden mejor que las de la justicia. La Audiencia de Sevilla y el Constitucional se han declarado una guerra de togas a cuenta de la intención de la primera de elevar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión sobre cómo aprobar una nueva sentencia sobre la pieza del caso político de los ERE. No se trata de una repetición del caso ni de una sentencia total, los ex presidentes Chaves y Griñán, varios de sus consejeros y hasta un total de 10 personas han sido amparados, parcial o totalmente, por el tribunal de garantías; lo están y lo serán, la Audiencia ha ejecutado lo dictado por el Constitucional, cuyas decisiones son inapelables. Lo que debe enjuiciar ahora son otros asuntos secundarios que han quedado fuera de ese amparo.

Cosas de hombres. Por tanto, hay que redactar otra sentencia, pensarla y escribirla, y en la Audiencia hay cierta pereza para volver a un frustrante asunto que se saldó con una enmienda sideral por parte del Constitucional. El juez que la redactó, Juan Antonio Calle Peña, se jubiló como magistrado y hoy ejerce la abogacía. Dedicó un año y 1.000 folios a ello, y la cuestión que se plantee a Luxemburgo, sede del tribunal europeo, tardará unos dos años en resolverse, por lo que cabe pensar con acierto que algo de maniobra dilatoria hay en este asunto.

Cosas de hombres. La batalla entre la sala segunda del Tribunal Supremo y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, es más humana que jurídica. Y el Supremo también fue enmendado por el tribunal de garantías por el caso ERE porque su posición era parecida a la que, finalmente, adoptó la Audiencia sevillana. Guerras imperiales en campos andaluces, como las de César y Pompeyo.

Y cosas de hombres. El PP de Andalucía, parte acusadora en el caso, no ha digerido la corrección de lo que ha sido su leit motiv durante una década. Hubo fraude, pero no una conspiración general para delinquir, no hay una lavadora ni borrado en casa de Conde Pumpido; de hecho, la Junta sigue pagando con religiosidad administrativa las ayudas de los trabajadores que se beneficiaron con el procedimiento de los ERE. Con la teoría del borrado y sus acusaciones de lavado, el PP abunda en la idea absolutoria aunque una parte del caso sigue viva.

El Tribunal de Justicia Europeo tiene dicho que, si un juez entiende que una norma puede ir en contra del derecho comunitario, puede elevarle una cuestión. Así que, con independencia de lo que el Constitucional diga el martes, lo probable es que la Audiencia de Sevilla pueda, aunque sus argumentos sean infumables. Pero se gana tiempo.