Hay que ahorrar agua

Cada vez llueve menos y queremos más agua. Pero estamos al límite. Esta semana los comités de gestión de la sequía rebajarán las restricciones en Andalucía, después de la mejor tanda de precipitaciones en doce años. En la parte occidental hay sistemas de explotación con el triple o el doble llenado que hace un año. Granada y Jaén no han mejorado tanto, y Almería poco. No llueve a gusto de todos, ni suficiente. En las tres últimas décadas han disminuido las lluvias en la región un 20% y se puede descender al 25% en 2040. Así que hay que gastar menos, de manera más eficiente.

Aquí empiezan las discrepancias. La Junta de Andalucía quiere construir pantanos y conexiones entre embalses. Las llama “autopistas del agua”; son caras y el coste de elevación del agua es mayor que la desalinización. Estos planes desarrollistas chocan con el Gobierno, aunque a veces hay acuerdos como uno reciente para terminar la presa de Alcolea, en Huelva. Expertos como Joan Corominas, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, alertan contra la obsesión de que mientras más agua se gaste, mejor, y que cuanta menos agua llegue al mar, mejor. Ambas cosas afectan al medio ambiente y al cauce ecológico de los ríos, que en el Guadalquivir está al mínimo. Que corra el agua, limpia los cauces y los hace menos inundables, nutre los acuíferos, mejora las pesquerías, aporta residuos a las playas y las regenera...

Hace un par de años, en lo peor de la sequía, Julio Berbel, catedrático de la Universidad de Córdoba, sostenía en este diario que en el Guadalquivir no había margen ni para más regadío ni para ampliar la capacidad de embalses. En España se han desarrollado los planes diseñados en la República por el ingeniero Lorenzo Pardo, cuando Indalecio Prieto era ministro de Obras Públicas. Proyectos que ejecutaron la dictadura y la democracia. Es poco conocido que durante los gobiernos de Suárez, González y Aznar se hicieron más pantanos que con Franco.

Andalucía necesita abastecer de agua a 9,25 millones de habitantes, si sumamos el promedio de visitantes, y a 1,15 millones de hectáreas de regadío. Turismo y agricultura no han parado de crecer. Hubo un compromiso en 2005 de administraciones, regantes y ecologistas de no sobrepasar las 650.000 hectáreas en el Guadalquivir y ya hay más de 900.000. Otro asunto es el precio del agua, en muchos casos subvencionado al 85% del coste, en contra de lo que marca la directiva europea. La excepción a la norma sería mantener ayudas a explotaciones familiares; más del 80% del total, con el 20% de la superficie.

La regulación y sobrexplotación de los cauces han agotado las aguas subterráneas, contaminadas y de difícil regeneración. Como en Doñana, el gobierno regional se empeña en políticas de oferta: cada vez más agua. Pero es relajado en la gestión de la demanda. No es cuestión de opciones, el cambio climático invita a gastar menos agua, recurso público vital y escaso.