La aldaba
Carlos Navarro Antolín
¡Anda, jaleo, jaleo!
Historia de Cádiz| Trienio Liberal
Tras el golpe de Estado perpetrado por parte del Ejército a principios de enero de 1820 contra el gobierno establecido, cundió la indecisión y la confusión dentro de las fuerzas armadas, dado que muchos de sus altos mandos no sabían muy bien que partido tomar. La propia incursión de Riego por el interior de Andalucía, entre la indiferencia y la reprobación, supuso un gran fracaso sólo remediado por la decisiva sublevación del general O´Donnell en Ocaña a favor de la causa constitucional.
A partir de aquí en Cádiz se produjo una situación embarazosa, casi de punto muerto, dándose paso a toda una serie de comunicados y manifiestos, a modo de guerra psicológica, por parte de ambos bandos incluyendo la pastoral del obispo de la diócesis, Cienfuegos, a favor del absolutismo. No obstante, la aparente calma gaditana se rompió al atardecer del día 24 de enero cuando el coronel Santiago Rotalde decidió levantar la ciudad a favor de la Constitución. Aunque falló en el intento y fue hecho prisionero, pudo huir a Santi Petri y unirse a las fuerzas constitucionalistas que desde San Fernando, donde se habían hecho fuertes, con cierto triunfalismo esperaban de un momento a otro tomar la ciudad. De ese optimismo nos da buena cuenta en sus Memorias Antonio Alcalá Galiano que, junto con el teniente coronel Arco Agüero, incluso tuvieron la humorada de pasearse disfrazados de mujer por las calles isleñas en sus carnavales. Sin embargo, Cádiz seguía resistiéndose a aceptar la Constitución de 1812 a pesar de que el 7 de marzo Fernando VII, apremiado por las circunstancias, ya la había jurado en Madrid. Hasta habían llegado parlamentarios desde San Fernando con la intención de hacer entrar en razón a los mandos militares, dado que las autoridades municipales gaditanas sí parecían dispuestas seguir la causa liberal. En consecuencia, las dudas y el desconcierto se apoderaron de la ciudad, desembocando todo ello en la luctuosa jornada del 10 de marzo.
En la mañana del 9 de marzo, llegó a Cádiz el general Manuel Freire nuevo gobernador militar. Inmediatamente después, el pueblo que, al tanto siempre de los rumores y noticias que llegaban del resto de España, asoció tal llegada con el hecho de que venía a proclamar la Constitución, hasta el punto de que, cuando así se lo plantearon, Freire se excusó alegando que había que esperar unos días el correo de Madrid. Por el contrario, las manifestaciones populares, que daban por sentado la proclamación, iban adquiriendo por momentos las características de un verdadero motín. Al decir de un testigo presencial, J. R.M, que nos dejó un relato manuscrito de los hechos (Biblioteca Nacional), ante la actitud de disciplina e intransigencia que mostraban las tropas, se notaba la actitud de la gente “en pandillas cantando, embriagada una buena parte de ella con el contento y los licores”.
Esa misma noche se celebró una reunión extraordinaria en el Ayuntamiento de acuerdo con la orden dada por Freire, a fin de constituir una junta de autoridades y decidir que opciones tomar. Sin embargo, lo desconcertante de su persona a partir de aquí empezó a suscitar especulaciones y todo tipo de suspicacias, dándose ya la primera sorpresa al desestimar ahora la formación de tal junta, aunque creyendo necesaria la publicación de la Constitución al día siguiente “con toda la solemnidad posible y con arreglo a los decretos o fórmulas que para ello hubiese”. La segunda sorpresa fue el alegar que sus ocupaciones no le permitían estar presente en el acto. Más chocante resulta todo ello si tenemos en cuenta que Freire previamente ya había tenido noticias de la rebelión del general O´Donnell. No obstante, el Ayuntamiento se encargó de recordar a Freire que su asistencia era “indispensable” y acto seguido se dictaron una serie de órdenes para el mayor lucimiento a la hora de la publicación. Se optó, pues, por salvas, luminarias y repiques de campanas así como por la llamada a todas las autoridades y corporaciones civiles, militares y eclesiásticas, debiendo culminar todo ello con la publicación de la Constitución por parte de la corporación municipal que, en ese momento, debía presidir el propio Freire.
Estos acuerdos fueron llevados a la residencia del general quien, en principio, dio su aquiescencia y mandó a sus ayudantes contactar con los constitucionales que venían de San Fernando. El futuro brigadier Fernández de Córdova relataría asombrado en sus Memorias “la sobrecogida actitud de los generales Freire, Campana y Villavicencio, sin alentar ni contener por medio alguno el movimiento”. Siguiendo el relato de J. R. M ya hubo altercados por la madrugada entre las tropas y el pueblo, detectando también un cierto regusto por humillar a los soldados, sin duda ante el recuerdo de la fallida revuelta del coronel Rotalde el pasado 24 de enero.
Es evidente que un clima de tensión se fue extendiendo por la ciudad, circunstancia ésta que culminó trágicamente al día siguiente, l0 de marzo. Ese día Alcalá Galiano que junto con Arco Agüero y López Baño habían partido de San Fernando a Cádiz, como representantes de las tropas constitucionales, pudo comprobar el entusiasmo y buen estado de ánimo de la población ante la previsible proclamación, con vivas, ondear de pañuelos y flores. Pero, cuando el gentío apiñado aguardaba la ceremonia en la plaza de San Antonio, aparecieron fuera de control los batallones de América, Guías, Provincial de Sevilla y de la Lealtad abriendo fuego contra la multitud, lo que provocó un alto número de víctimas. También ocurrieron incidentes parecidos en las Puertas de Tierra, plazas de la Cruz de la Verdad (Mentidero) y de la Cruz Verde, sin contar la violenta entrada de soldados en la catedral interrumpiendo la misa mayor oficiada por el magistral Cabrera. A partir de aquí la soldadesca desmandada se dedicó al saqueo y al pillaje hasta la mañana siguiente ante un pueblo amedrentado que apenas salió de casa en unos días. Fue el l3 de marzo cuando por conducto oficial llegó precisamente el decreto por el que el Rey había jurado en Madrid la Constitución y, conforme transcurrieron las jornadas sucesivas, la calma fue volviendo a Cádiz, dándose decretos y órdenes tendentes a procurar el sosiego y tranquilidad públicos.
Sobre el número de víctimas, las primeras cifras las proporcionó el Diario Mercantil de Cádiz el 21 de marzo con 436 muertos y 70 heridos, si bien matizando que aunque "el dato no es auténtico, creemos que se acerca a la verdad". Por su parte, desde Londres, El Español Constitucional, publicación marcadamente antigubernamental que dirigía José Blanco White, apuntaba a 438 muertos y 500 heridos, cifras, aunque amplificadas en estos últimos, parecen basarse en la prensa gaditana. Sin embargo, un detenido examen de las fuentes documentales nos revela que las informaciones de ambos medios nos parecen muy exageradas, dentro de unos cálculos siempre al alza sin ninguna comprobación certera.
Tres meses después, el 20 de junio, facilitó el Ayuntamiento lo que podemos considerar el balance oficial: 64 muertos, 148 heridos y 362 robos, habida cuenta de que en situaciones como éstas el salvajismo y la picaresca suelen campar por sus respetos. Revisando el libro de asiento del cementerio de San José correspondiente a esos días de marzo vemos que entraron en el depósito 45 cadáveres, cifra que comparada con las de otros meses resulta bastante elevada. En una línea parecida se sitúa Adolfo de Castro, quien casi cuarenta años después en su Historia de Cádiz apunta a 7l muertos y l69 heridos, con el añadido de que, en un expediente que más tarde se formó en la ciudad para dar socorro a los familiares de la víctimas y de los heridos y mutilados, "se exageró el número, como es consiguiente en casos análogos por el interés de muchos en participar de los beneficios del auxilio pecuniario".
Pero, al margen del apasionamiento o la carga partidista que pudiera haber en todas estas cifras, es obvio que la reacción de las tropas fue desorbitada, cruenta y fuera de lugar, dando como resultado la repulsa general de la ciudad. Ni que decir tiene el fuerte impacto causado en la opinión pública, tanto a nivel local como nacional. Fueron innumerables las alusiones que a lo largo del Trienio Liberal se hicieron de estos negros acontecimientos, plasmándose de diversas maneras, unas veces bajo la forma protocolaria del acto conmemorativo, otras camufladas tras humanitarias indemnizaciones a los supervivientes o a los familiares de las víctimas y con alguna frecuencia, también, en los monumentos alegóricos correspondientes. Asimismo, por parte de las autoridades locales las recolectas, limosnas y comisiones para recaudar fondos constituyen, en general, un testimonio claro de cómo la ciudad respondió, encontrándose rasgos ejemplares, tanto en los organismos oficiales como entre la iniciativa privada. En cuanto al esclarecimiento de los hechos, los generales Freire, Campana y Villavicencio fueron encausados, así como un considerable número de jefes y oficiales, sobre los que se trató de quitar cierta responsabilidad pues éstos solo quisieron "impedir la jura hasta que no hubiera orden del Rey para ello". Otra cosa fueron los desmanes y crímenes de la tropa incontrolada. Aunque los fiscales pidieron las máximas penas para los principales responsables, lo cierto es que nunca se las aplicaron al ser prácticamente todos sobreseídos. Visto el sumario, según se desprende del dictamen sobre Friere, primera autoridad militar, "sería gravísimo descargar toda responsabilidad a que dio lugar su imprudencia".
Dos años después, por decreto de las Cortes de l0 de marzo de l822, se declaró esta fecha día de luto nacional.
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