Ya no existe

Sorprende que escandalicen tanto las palabras de una vicepresidenta del Gobierno, que desbarra en un mitin de partido, y tan poco hechos que demuestran que esa presunción de inocencia, por ella despreciada y ahora tan alabada, ha dejado de existir. Es cierto que la frasecita de Montero pone de manifiesto una pasmosa ignorancia de los principios básicos de toda democracia. También que, si el error no es error, su pensamiento se desliza peligrosamente hacia esquemas autoritarios. Pero muy poco antes y con mucha mayor trascendencia, el Tribunal Constitucional había dictado una sentencia, siendo ponente de la misma la magistrada Balaguer, en la que se avala la conducta de una madre que huyó con su hijo a otra ciudad sin permiso de su ex pareja, alegando que lo hizo en un contexto de violencia de género. Se obvia en ella, sin embargo, que el ex marido fue absuelto y que el propio tribunal que lo juzgó constató la existencia de “motivaciones espurias” detrás de la denuncia de la mujer.

En este insólito fallo, que sienta una doctrina inaceptable, se acumulan los despropósitos. No ya sólo que vulnera nuestra Constitución, sino, además, que, siguiendo una línea que se vislumbra torcida aunque imperante, el TC de nuevo vuelve a juzgar unos hechos ya sentenciados, extralimitándose, pues, en sus competencias. Al tiempo, “elevar la denuncia, el atestado, el informe fiscal o de los servicios sociales a la condición de indicio de la comisión de un delito de violencia de género –razonan los magistrados César Tolosa y Enrique Arnaldo en su demoledor voto particular– supone invertir la carga de la prueba”. Y, por ende, al calificar de “víctima” a quien no lo ha sido y tratar como “culpable” a una persona denigrada e injuriada por su ex esposa y finalmente inocente, ataca frontal y groseramente, por motivos ideológicos, las exigencias de la presunción de inocencia.

Es esto, los dudosos argumentos de una Balaguer que se declara muy condicionada por el hecho de ser mujer y no las astracanadas de una Montero delirante, lo que debería rebelarnos. La defensa gubernamental de las llamadas “madres protectoras” –en realidad raptoras– ha conseguido en demasiadas ocasiones la complicidad judicial. Sin embargo, la sentencia que acaba de dictar el Tribunal Constitucional da un paso más: no sólo valida una conducta a todas luces ilegal, sino que, con aberrante sectarismo, entierra la presunción de inocencia de los hombres.