El p rivilegio de Muface

Tres mil doscientos euros por persona y año pagará el Estado a las aseguradoras médicas por mantener una privilegiada sanidad privada para un millón y medio de funcionarios y sus familias. Es casi el doble de los 1.765 euros por habitante que se gastará el Servicio Andaluz de Salud en 2025. Los grandes partidos pelean sin descanso sobre quién combate mejor la desigualdad, con proclamas a favor de las clases medias y trabajadoras. Pero PSOE y PP coinciden en hacer excepciones en favor de minorías influyentes. Es el caso de Muface, que si cierra la negociación en los términos actuales aumentará esta partida en un 36%.

Los funcionarios públicos tienen la posibilidad de disponer de sanidad a la carta, mientras sus administrados sólo tienen la atención pública, salvo que paguen un seguro particular. Es extraño que quienes tienen que prever, programar, presupuestar, dotar, pagar, administrar y gestionar la sanidad pública no quieran usarla. Es un privilegio que se perpetúa con el argumento de que el desembarco de un millón y medio de personas suplementarias haría estallar el sistema nacional de salud.

Hace un par de meses el eminente médico Federico Soriguer, que fue jefe de Servicio en el Hospital Carlos Haya, publicó en estas páginas un artículo explicando cómo hemos llegado hasta aquí. La Mutualidad general de funcionarios civiles del Estado fue desde el principio una anomalía. Se creó en junio de 1975, al igual que el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Isfas. La Mutualidad General Judicial, Mugeju, es del 78. La creación de estas mutualidades administrativas tuvo mucho que ver con el poder fáctico que representaban militares, jueces y funcionarios. El sistema permitió a sus usuarios acceder a especialistas sin esperas de meses, desarrollar el negocio de grandes empresas hospitalarias, y ganar mucho dinero a un sector asegurador que se reserva el derecho de admisión.

“Las crisis sientan bien a la medicina privada y muy mal a la pública, que termina apechugando con lo que le echen cuando vienen mal dadas”, escribía en noviembre el doctor Soriguer. Ahora el debate ha sido si se aprovechaba la queja de las aseguradoras de que perdían dinero, o se plegaba el Gobierno a un aumento extraordinario del precio para evitar una huelga y el descontento del funcionariado. El sistema público sanitario se gestiona de manera diferente: no tiene que garantizar aumentos de dos dígitos en los beneficios anuales.

El presidente de la Junta no ha desaprovechado el 28-F para reclamar igualdad entre todos los españoles y criticar las ventajas que el Gobierno concede a Cataluña. De acuerdo. Y Pedro Sánchez no para de hablar del escudo social para proteger a los más vulnerables. Retórica. Ambos coinciden en mantener el privilegio de Muface. Moreno incluso lo consideró una prioridad que exigía al Gobierno en su discurso de fin de año.

Igualdad y desigualdad a la carta.