Un parlamento de atrezo

En 1950, los laboristas ganaron las elecciones por un estrecho margen que redujo su mayoría de 146 a sólo 5 escaños, lo que generó un debate público sobre la posible respuesta del rey Jorge VI ante una petición del premier Attlee de disolver el parlamento para reforzar su mayoría. Eso ocurriría un año después, con el triunfo tory y la vuelta de sir Winston Churchill al Número 10. Entre todo lo publicado entonces, destacó una carta dirigida a The Times que fue publicada bajo el seudónimo Senex. En ella, sir Alan Lascelles, secretario privado del rey, que ya lo había sido del funesto Eduardo VIII, como lo sería de Isabel II, enunció los después denominados Principios de Lascelles convertidos en convención constitucional para definir en qué casos, el rey, que es a quien compete, puede rechazar una petición de disolución del Parlamento y, a contrario sensu, cuándo debe admitirla.

Son tres las condiciones que se señalan para mantener activo un parlamento: que siga siendo vital, viable y capaz de hacer su trabajo; que convocar elecciones suponga perjuicios para la economía y que exista la posibilidad de encontrar otro primer ministro que pudiera gobernar durante un período razonable con mayoría en los Comunes.

Es claro que las constituciones de España y el Reino Unido divergen en muy diversas cuestiones, pero no lo es menos que la legitimidad de un parlamento en una democracia liberal se basa en pocos principios comúnmente admitidos: que represente a la ciudadanía, que ejerza el control del ejecutivo y, sobre todo, que apruebe las Cuentas Públicas. Como deberíamos recordar a diario, No taxation without representation –no puede haber impuestos sin representación, ni representación sin elección– es la base fundamental sobre la que se asienta una democracia parlamentaria.

El presidente Sánchez ha incumplido la obligación constitucional de presentar, en tiempo y forma, los Presupuestos para 2024 y para 2025. No es que le hayan sido rechazados, es que ni siquiera se ha sometido a las Cortes un proyecto presupuestario. No parece, por tanto, que unas nuevas elecciones perjudicaran al país; es más, podrían aclararnos el futuro, no sólo político, sino económico. Pero además, es claro que ni el Congreso ni el Senado disfrutan hoy de una composición que les permita ser vitales, viables y capaces de hacer su trabajo. Aquí, la prerrogativa constitucional es del presidente del gobierno, pero eso no evita tener la convicción de que vivimos actualmente en una democracia cuyo parlamento es puro atrezo.