Perversión judicial

Sin saber que su teléfono estaba pinchado por la Policía y que la transcripción de sus conversaciones aparecía cada mes en la mesa de un juez, el concejal de Urbanismo hablaba de forma despreocupada con su mujer sobre los tejemanejes del alcalde para autorizar una gasolinera en terrenos que habían sido suyos. También bromeaba con el constructor que en aquel tiempo levantaba miles de viviendas en el pueblo sobre invitar a amigas que estaban buenas y sobre ponerle un “pisico” al político. Era el año 2006, hace 19 años. Por más que el magistrado que llevó aquella investigación dijera que en Alhendín se había dado una “ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, de carácter incontrovertible y grosero”, hoy sigue sin haber culpables de este caso considerado uno de los más importantes de corrupción urbanística en Andalucía y coetáneo al Malaya de Marbella.

No hay culpables, pero tampoco inocentes. Y éste es el gran problema, que en casi veinte años la justicia no ha sido capaz de resolver un caso que se abrió a bombo y platillo, pero que ha pasado por largas etapas de hibernación en despachos judiciales. Esto afecta a una quincena de investigados y a decenas de afectados que se vieron perjudicados por aquellas operaciones y hasta se animaron a denunciar, en la creencia de que serviría para algo. No está de más recordar que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, de los premium, recogido en nuestra Constitución.

Se dice que la justicia lenta no es justicia y este caso, conocido como Marchelo, puede ser uno de los mejores ejemplos de la historia democrática de este país. El retraso en la celebración de un juicio que aún está pendiente ha llevado a que uno de los principales imputados, el que fue regidor del pueblo, no llegue si quiera a ser juzgado por motivos de salud a sus 94 años. Para el resto se están negociando acuerdos, con penas casi simbólicas, entre las defensas y la Fiscalía, consciente ésta de que las dilaciones imposibilitan ya el desarrollo de un juicio normal.

Por mucho que a algunos encausados les favorezca ese retraso y lo hayan incentivado con una estrategia de recursos infinitos, la administración de justicia debería impedir que ocurra una perversión así, porque obligar a alguien a pasar dos décadas de una vida en calidad de imputado, investigado, procesado o acusado es una inmoralidad y hasta un crimen perpetrado por el sistema, sin que tampoco parezca haber culpa ni rubor por parte de nadie.