Política, guerra y justicia

Ya es significativo de hasta dónde llega la crudeza de la política española que los diputados acordasen suspender la sesión de control al Gobierno de ayer para evitar un bochorno seguro. Los diputados del PP venían con las alforjas llenas de munición a cuentas de asuntos tan escabrosos como el sexo y la cocaína de Íñigo Errejón y la responsabilidad política que en tal conducta pudiera tener la vicepresidenta y compañera de partido, Yolanda Díaz, así que el siempre moderado Miguel Tellado, portavoz de los populares, prefirió solicitar la suspensión del pleno por respeto a las víctimas de la DANA en un acto tan impostado como lleno de sentido. El Gobierno respiró y le compró la tregua táctica al PP. Se está ahogando.

Pero de nada sirvió, porque el virus de la discordia aún se encuentra en su fase expansiva, de tal modo que varios minutos después ya regresábamos al trincherismo a cuenta de que el Gobierno tenía una prisa vergonzosa por validar el decretazo de la RTVE. Feijóo, en vez de dejar que el hecho hablase por sí mismo o a través de otros, corrió a dar una rueda de prensa para lamentarse del “desprecio” de Pedro Sánchez y sus secuaces por las víctimas.

Sirva el día de ayer como ejemplo de hasta dónde ha llegado el debate público en España, en un campo de guerra donde no aún no se practica la violencia, aunque sí se concibe la justicia como un modo de ejercer la política por otros medios, que diría el militar prusiano Carl von Clausewitz.

Los juzgados y las acusaciones particulares se han convertido en instrumentos de la oposición; la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en abogados defensores del Gobierno, y se abre paso la peligrosa vía de las denuncias anónimas.

Un juez del Tribunal Supremo ha autorizado a la Guardia Civil que registre el despacho oficial del fiscal general del Estado, que intervenga su correo electrónico, su teléfono móvil y su tableta para investigar si Álvaro García Ortiz filtró a varios periódicos el intento del novio de Isabel Díaz Ayuso de alcanzar un acuerdo con el ministerio público por sus pufos fiscales. Se trata de una medida excepcional en casos de filtración, una prueba de cómo la justicia ha sido engullida por la batalla política y una evidencia de que tan altas magistraturas del Estado también anteponen su propia guerra a la institucionalidad de los organismos que ocupan.