¿A quién protege el fiscal general?

Una de las principales anomalías democráticas del actual contexto político español es que el titular de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, permanece en el cargo de máximo responsable de la Acusación Pública cuando él mismo está siendo investigado por la supuesta comisión de delitos. La Fiscalía, que tiene un papel crucial en cualquier proceso penal, se ve sometida a una indeseable situación: formalmente acusa a su máximo superior en una carrera que se rige por el principio de autoridad jerárquica. Sólo por eso, tenía la obligación de renunciar, pero el Gobierno rechazó de plano una dimisión y no pierde oportunidad de hacer una defensa de su actuación como si se tratase de un integrante más del Gabinete, lo que supone una grave distorsión de la independencia que debe tener el Ministerio Público, por más que el Ejecutivo tenga el papel formal de proponer a la persona que el Rey nombra como fiscal general del Estado.

En su –legítima– estrategia de defensa, García Ortiz decidió, a los pocos días de tener la certeza de que el Supremo le investigaría como supuesto autor de revelación de secreto, cambiar de terminal y de número de teléfono móvil, con la nada disimulada intención de entorpecer la investigación y eliminar el rastro incluso de mensajes que ya sabía que había constancia de su envío en relación con lo que se investiga: la difusión de datos secretos de una causa por supuesto fraude fiscal de una sociedad propiedad de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El PP le acusa de obstrucción a la justicia, otro ilícito penal, lo que sería inaceptable para el máximo garante de la defensa de la legalidad, pero los investigados tienen derecho incluso a mentir. Lo intolerable es que lo haga sin dimitir.

Pero barrunto que detrás de la eliminación de todos los mensajes de los días investigados por el Tribunal Supremo y del cambio de terminal y número telefónico está la asunción por parte de García Ortiz de que tiene difícil mantener su presunción de inocencia. Así que la pregunta que realmente importa ante el escándalo que supone su proceder es ¿a quién protege el fiscal general del Estado? ¿Con qué fin eliminó comunicaciones de las que no hay constancia, como sí la hay con algunos de sus subordinados? El diario digital Vozpópuli desveló ayer una exclusiva –información no desmentida por La Moncloa– cuya veracidad resultaría indiciaria: Pedro Sánchez también cambió de número de teléfono y terminal móvil pocos días después de hacerlo el fiscal general. El error de equipararse con Ayuso a raíz del caso Begoña podría ser el mayor cometido por Sánchez.