Un poco de recuerdo

En todo lo revuelto que hay hoy no está lo que se recogió en el nº 287 de la Gaceta de Madrid del martes 13 de octubre de 1868. Traía los siguientes considerandos: “que la creación de comunidades y asociaciones religiosas, decretada o consentida por los anteriores Gobiernos, tenía por objeto establecer en España instituciones contrarias a la libertad”. Sin poder sobreponerse a lo anterior, la Gaceta recogía así mismo que “estas comunidades religiosas” hacían parte integrante y principal del régimen vergonzoso y opresor que la Nación “acaba de derribar con santa gloria”. El razonamiento implacable del redactor continuaba ajeno a distracción otra, considerando igualmente que “era necesario y urgente” para consolidar la revolución consumada y para el levantamiento de las nuevas instituciones, que “desaparezcan desde luego dichas comunidades y asociaciones”. Para ello, se propone al Gobierno Provisional, “como medidas de urgencia y de salvación pública” tres acciones radicales: La extinción de todas las comunidades y asociaciones religiosas establecidas o creados por los anteriores gobiernos desde 1835; la exclaustración voluntaria en las comunidades no comprendidas en la anterior medida; y la abolición de todos los privilegios concedidos a las corporaciones religiosas. No fue este texto radical de 1868 el único de época tan convulsa, 1968 fue el año de la abolición de la esclavitud (“Considerando que la esclavitud de los negros es un ultraje a la naturaleza humana y una afrenta a la Nación… quedan libres todos los nacidos de mujer esclava, a partir dl 17 de septiembre de 1868).

El Ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz, retoma la cuestión religiosa con una nueva publicación en la Gaceta del lunes 19 de octubre. Se trata de un articulado de nueve puntos de singular impacto. Resumo: Quedan extinguidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y de más casas de religiosos de ambos sexos; todos los edificios, bienes raíces, rentas, derechos y acciones de casas de comunidad suprimidas, pasarán a ser propiedad del Estado; los religiosos y religiosas exclaustrados (…) quedarán sujetos a los respectivos Ordinarios, sin derecho alguno a percibir la pensión… Sorprende la permanencia de estos sentimientos anti católicos en el pensamiento revolucionario y radical español, que en los años del Frente Popular y la Guerra Civil eclosionan en un espectáculo desolador de criminalidad e infamia (ver Los Federicos, de Francisco Correal, en este Diario). Afortunadamente, en estos días no han rebrotado y la Iglesia ha podido hacer su labor evangélica y de servicio con normalidad. Pero ¿hemos olvidado aquellos años? ¿Los desconocíamos? Puede que sólo una minoría tenga noticias fehacientes del período post isabelino, el tiempo de la I República, que removió las cimientos de la Nación.