La sentencia del político

Diríase que su característica locuacidad excesiva y meridional le ha jugado esta vez una mala pasada a María Jesús Montero, cuando ha tachado de “vergüenza” la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso del futbolista Dani Alves quien, según su severo juicio, no puede tener derecho al beneficio constitucional de la presunción de inocencia por haber sido denunciado por una mujer “joven y valiente”.

Convendría primero aclarar que en este y otros debates en los que interesadamente se superponen aspectos sociales, políticos y jurídicos, lo que el tribunal de turno ha de resolver es sobre el posible reproche penal en la actitud del acusado, y no otra cosa. Y sobre esa premisa, que tan alegremente se vienen saltando muchos políticos de izquierda cuando les interesa, cualquier jurista medio, sin necesidad de conocer en profundidad el asunto, podía sospechar que la sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Barcelona para este caso mediático adolecía de una serie de defectos que la hacían susceptible de ser revocada, particularmente su incongruencia. No parece muy razonable el rechazar de plano la versión dada por la denunciante cuando los hechos pudieron ser visionados por cámara, hasta el punto de tomarla poco menos que por mentirosa, y sin embargo darle credibilidad en hechos sucedidos cuando no hay cámaras de por medio. Esto, que muy resumidamente es lo que ha visto el tribunal de apelación, para nada perjudica la visión negativa que podamos tener sobre el jugador y su forma chulesca de comportarse, antes y después, del que hay sobradas muestras en las actuaciones. Ni tampoco indica, como algunos pretenden hacer creer, una inhibición del Estado ante un indicio de violencia de género: el futbolista fue detenido y enviado de inmediato a prisión, donde se ha tirado más de un año sin una condena firme en contra.

Pero lo que más asombra de todo esto no es la esperable reacción airada de parte de la sociedad, a la que al fin y al cabo siempre le asiste todo el derecho a la crítica, sino que esta crítica venga de una experimentada política, buena conocedora de todo el entramado del Estado y vicepresidenta primera del Gobierno, a la que, precisamente por ello, cabe pedirle si cabe una mayor dosis de prudencia y respeto institucional. Y veremos si el exceso impresentable no conlleva otra sentencia, pero contra su carrera a la presidencia andaluza.