
Yo te digo mi verdad
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Hay una fotografía sobre la calidad de la enseñanza universitaria andaluza que se mantiene casi fija: Granada y Sevilla se sitúan en el top (con un legado de quinientos años a sus espaldas) y son capaces de competir con los dos grandes polos de producción científica de nuestro país: Madrid y Cataluña. El resto de las públicas ocupan puestos de cierto prestigio (de la posición 20 de Málaga y 23 de Córdoba a la 49 de Jaén o la 60 de Huelva) mientras, en el caso de las privadas, solo la Loyola de Andalucía (63) ocupa un lugar relevante. Lógico si tenemos en cuenta los procesos de desarrollo de este tipo de instituciones: las cuatro privadas que acaban de aterrizar en Andalucía no solo tienen el foco en las dinámicas del mercado; también necesitarán consolidarse para poder aportar en investigación. O no. Y justo aquí está una de las claves principales del análisis.
Navarra es privada y se mantiene en la zona noble de la foto. Porque invierte y porque quiere. Porque ha situado unos niveles de exigencia iguales e incluso superiores a las públicas. En el lado contrario está la Comunidad de Madrid: la Complutense y la Autónoma resisten pero la posición general de su sistema universitario se hunde por culpa de las privadas. No es una opinión; son datos. SCImago acaba de publicar el ranking nacional de 2025 comparando las diferentes comunidades autónomas y creo que podríamos leerlo como un aviso a navegantes: la irrupción de las privadas tiene un coste si no se regula convenientemente. Las privadas de Cataluña, por ejemplo, están a años luz de las de Madrid. ¿Por qué?
La educación está transferida. El discurso fácil de que la culpa la tiene el Gobierno de Pedro Sánchez no nos vale. Y nos equivocamos si situamos el debate en el maniqueísmo de lo “bueno público” y lo “malo privado”. La competencia, siempre, es sana. Pero honesta. Con reglas claras a la hora de fijar la financiación (sin puertas de atrás) y, lo que resulta más crucial, a la hora de fijar las reglas del juego. Tal vez sea una de las frases que más ha repetido en los últimos meses el rector de Granada: nada de blindajes ni privilegios, pero hay que garantizar las mismas exigencias para todos.
¿Estamos en eso? Con o sin presupuestos, el horizonte de gasto público al que se enfrenta España tiene que ver con el refuerzo en Defensa y el equilibro territorial. Si la estrategia es que las privadas lleguen donde no pueden (sin financiación) las públicas, ¿no vamos a exigir calidad?
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