Vivienda digna

Anécdota chusca: a finales de los 80 el presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, debió pensar que era un atropello la lluvia de millones que caía sobre la ciudad de Sevilla con motivo de la Expo, por lo que se le ocurrió una serie de inversiones en las otras capitales de provincia. Fue el Plan Andalucía 92. Negociado en secreto con el Ayuntamiento, el día que Pepote venía a Cádiz a firmar el convenio nos convocaron de prisa y corriendo a la Alcaldía para explicarnos el Andalucía 92 en Cádiz y pedirnos apoyo. Nos entregaron una fotocopia de las inversiones previstas donde se había tapado la cuantía. Por supuesto nos negamos a semejante mamarracho, porque luego supimos el importe de proyectos donde iban destinados los 5.000 millones de pesetas previstos: la piscina de Cortadura, el Museo del Mar en el Baluarte de Candelaria y la Ciudad del Mar en la Punta de San Felipe. Como podrán comprobar, transcurridos 35 años, dos de las inversiones no llegaron nunca a nada. Nosotros propusimos destinar los 5.000 millones a un plan de rehabilitación de viviendas en el Casco Antiguo, lo que fue rechazado, aunque tiempo después la propia Junta, bajo el impulso de Luis Pizarro, puso en marcha la Oficina de Rehabilitación del Casco con una importante inversión anual. Nosotros iniciamos una campaña basada en el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y la obligación de los poderes públicos de hacer efectivo este derecho. La presentamos en la Casa Grande de la Plaza Pinto, que en aquella época se caía a pedazos, con las arquetas que se reventaban de continuo. Se agotó el impulso de la Junta y la que ha continuado con la rehabilitación del Casco es la iniciativa privada con destino a apartamentos turísticos. Es la cruda realidad. El Ayuntamiento en los ocho años de Kichi hizo 100 viviendas y Bruno está muy orgulloso que en su mandato se van a hacer otras 100. Toda una epopeya. Por citar un caso: en la ciudad de Viena el 50% del parque de viviendas es público en régimen de alquiler. Me parece muy bien que se regule el sector de los apartamentos turísticos, que se cree un cuerpo de inspectores que vigilen el cumplimiento de las normas, aunque me malicio que es un brindis al sol prohibirlas, una medida de cara a la galería imposible de cumplir. Por supuesto que ha subido el precio de la vivienda y de los alquileres, sobre todo en el centro de la ciudad, pero no estoy muy seguro de que la vivienda de uso turístico sea la principal causa. Si el Ayuntamiento y la Junta no hacen vivienda pública los jóvenes terminarán camino de otros municipios. Dice el refrán “no todo el mundo puede vivir en la calle Real”.