La AP-4, un problema enquistado

El anuncio de la Junta de que estudia recurrir ante la Justicia el peaje de la AP-4 (la autopista de pago que une Sevilla y Cádiz) vuelve a poner en el tapete de la actualidad un problema que lleva coleando desde que, en 1972, se inauguró la que fue la primera vía de peaje del sur de España, fundamental en las comunicaciones de la Baja Andalucía. Estamos, sin duda, ante un nuevo enfrentamiento entre las administraciones autonómica y central después de esa aparente tregua que supuso el acuerdo de ambas para estudiar la construcción de la línea 3 del Metro de Sevilla. Las razones del mismo son las no infundadas sospechas por parte de la Junta de que el peaje no va a desaparecer una vez que el Estado recupere la concesión de la AP-4 el 31 de diciembre de 2019. Nadie pone en duda que, ese día, Abertis (antes Aumar) dejará de explotar esta infraestructura y que, con casi toda seguridad, la concesión no volverá a manos privadas. Cosa muy distinta es que el Estado levante el peaje. Estas dudas no son un capricho malintencionado de la Junta. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, es ambiguo siempre que se le pregunta por este asunto, y no son pocos los que opinan que el Gobierno quiere usar la recaudación del peaje para amortizar el elevado coste del posible rescate de otras infraestructuras privadas que han sido un auténtico desastre económico, como las radiales de Madrid.

Evidentemente, el problema de la AP-4 no es achacable en exclusiva al actual Ejecutivo, ni siquiera al PP. Ya con Adolfo Suárez (UCD), en 1977, el Gobierno aprobó incrementar el plazo de concesión. La segunda prórroga la firmó el Gobierno de Felipe González (PSOE), en 1986. Finalmente, José María Aznar (PP) alargó el problema hasta 2019. Ante esta situación, lo único que pudo hacer la Junta es llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria para, en 2005, liberar el tramo que une Jerez con Cádiz, algo que nos ha costado a los andaluces unos 100 millones de euros, cuya devolución también se estudia pedir a los tribunales.

El fin del peaje de la AP-4 es una vieja y legítima aspiración de los andaluces. La autopista hace mucho tiempo que fue plenamente amortizada y no hay justificación posible para continuar condenando a los ciudadanos a soportar un coste que es elevado cuando se usa con frecuencia. Además, la única alternativa, la N-IV, ha demostrado con creces su peligrosidad y urge descargarla de tráfico (ayer murió una persona y resultaron heridas otras cinco). Nadie comprendería que el peaje no desapareciese definitivamente en 2019.