Despolitizar la Justicia

El Grupo Parlamentario Socialista registró la semana pasada en el Congreso una proposición de ley orgánica para impedir, con efecto retroactivo, que los partidos políticos y las asociaciones y fundaciones a ellos vinculadas puedan ejercer la acusación particular en causas judiciales. La propuesta también contempla la prohibición de la admisión de denuncias “sin un mínimo fundamento”. En principio, un intento de regular de forma más eficaz el ejercicio de la acusación popular para evitar que los juzgados se conviertan en campo embarrado de lucha entre los partidos no debería de ser descartado. Como tampoco la exigencia de un mínimo de documentación solvente para iniciar una instrucción judicial. Lo que parece que se acerca a la insensatez es la forma en que lo ha hecho el Grupo Socialista. Una propuesta de este tipo no puede parecer improvisada. Debería contar con un mínimo de consenso político, con el visto bueno de las asociaciones judiciales y, por supuesto, con el aval del Consejo de Estado como máximo órgano consultivo. En este caso, además, la propuesta parece hecha a la medida de las necesidades actuales de Pedro Sánchez. El hecho de que su esposa y su hermano aparezcan implicados en investigaciones judiciales en las que la Fiscalía no acusa y sí están presentes en acusaciones populares descalifica, de alguna forma, la propuesta presentada en el Congreso. El que se le quiera dar a la norma un carácter retroactivo no tendría otro objetivo que blindar esos casos concretos. Todas las asociaciones judiciales han rechazado de plano la proposición de ley, que cuenta con la oposición frontal del PP y que parece difícil que consiga apoyos entre los socios parlamentarios del Gobierno. El Ejecutivo, que se ha dejado llevar por sus urgencias, va a perder una oportunidad de abordar unas reformas que podrían contribuir a despolitizar la Justicia, uno de los problemas que más condicionan la falta de calidad del sistema democrático y que más contribuyen a la crispación.