Editorial
España en la nueva Comisión Europea
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Una de las características por las que se distinguen las democracias avanzadas es por la independencia de las grandes instituciones del Estado del poder político. Son los gobiernos autoritarios los que tienden a controlar el poder en su totalidad y sin fisuras, desde la judicatura hasta los medios de comunicación públicos. Por eso, solo se puede ver con preocupación el nombramiento del ex ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del hasta ahora muy prestigioso e independiente Banco de España. No es que digamos que España haya dado un paso hacia el autoritarismo, lo cual sería una exageración propia de estos tiempos de análisis de brocha gorda y ánimos exaltados, pero sí que su democracia ha perdido un punto de calidad con este nombramiento. El presidente del Gobierno es el que tiene la competencia para nombrar al gobernador del Banco de España, pero la sana tradición de la democracia en nuestro país ha sido que este nombramiento se hiciese primando el perfil técnico del candidato y en acuerdo con el principal partido de la oposición. Hay que remontarse a la dictadura para ver un ex ministro como gobernador del Banco de España. Y solo el presidente Rodríguez Zapatero se atrevió a nombrar para este puesto a un ex secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con el resultado negativo por todos conocido. El mismo Pedro Sánchez criticó en su día esta decisión. El prestigio atesorado por el Banco de España –reconocido internacionalmente– se ve ahora gravemente comprometido con el nombramiento de Escrivá, que tendrá que analizar de forma crítica decisiones que él mismo tomó. Estamos ante un verdadero daño reputacional que socavará la credibilidad de esta importante herramienta de la economía española. El rechazo ha sido inmensamente mayoritario, incluso entre los que normalmente apoyan contra viento y marea las decisiones del Ejecutivo. El nombramiento de Escrivá es un incomprensible error del Gobierno de Sánchez.
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