Editorial
El estrés de la Justicia
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El Congreso no votará mañana la senda de estabilidad. Es decir, el documento que fija los límites de déficit y deuda de las administraciones públicas y que afecta de forma muy especial a los márgenes de maniobra financiera de comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta decisión supone, en la práctica, la renuncia del Gobierno a presentar en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado y coloca al país en el camino de un nuevo ejercicio, el segundo consecutivo, con prórroga presupuestaria. El Ministerio de Hacienda ha preferido retirar la propuesta después de que constatara el fracaso del intento mendicante de negociación que protagonizó en Ginebra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el fugado dirigente de Junts Carles Puigdemont. Hemos asistido a un nuevo episodio del chantaje al que el líder separatista somete a Pedro Sánchez y al alto precio que le hace pagar por la investidura de Salvador Illa. Pero tampoco ha sido el Gobierno capaz de negociar una mayoría alternativa acercándose al Partido Popular, dado que estamos hablando del principal instrumento para la planificación económica de España. Ni Alberto Núñez Feijóo ha tendido la mano ni Pedro Sánchez ha hecho el más mínimo gesto de acercamiento, al menos que conste públicamente. Esta falta de entendimiento restará financiación a autonomías y municipios. En ambas administraciones el PP gobierna por abrumadora mayoría. La pregunta que surge es evidente: ¿le importa más al principal partido de la oposición una derrota del Gobierno en el Congreso que la capacidad inversora de sus principales centros de poder? La respuesta queda en el aire, pero es evidente que la política española pasa por una de sus fases más tensas y menos operativas. Un Gobierno desarbolado está dispuesto a resistir a cualquier precio, sometido al chantaje de sus hasta ahora socios, y el PP no va a aflojar la mano en el cuello de Pedro Sánchez para mantenerlo en un bloqueo político permanente. Un panorama desolador.
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