Moratoria para los pisos turísticos

La semana pasada entró en vigor el decreto-ley del Gobierno andaluz que faculta a los ayuntamientos para que adopten medidas que restrinjan el crecimiento desaforado de viviendas turísticas mientras se concretan en los planes urbanísticos de cada ciudad las zonificaciones de los usos permitidos para los inmuebles. A través de esta norma, los ayuntamientos podrán aplicar la “suspensión de las licencias y declaraciones responsables” de viviendas turísticas para la totalidad del término municipal o para zonas de edificación concreta por un periodo máximo de tres años. Lo único que cabe reprochar a este decreto, que permitirá la puesta en marcha de una moratoria en las ciudades más colmatadas por este tipo de alojamientos, es que llega demasiado tarde, cuando en las principales localidades de Andalucía el crecimiento desordenado de viviendas turísticas ha disparado los precios de los pisos, tanto en venta como en alquiler, y ha cambiado la tipología social de muchos barrios. La consecuencia de este fenómeno ha sido una reducción sustancial de la oferta para residentes y la consecuente subida de precios. El aumento del parque de vivienda vacacional no se ha hecho con el aumento de construcción de nuevos pisos, sino cambiando el uso de los que ya existían. Un informe del Banco de España de 2023, que cita la exposición de motivos del decreto de la Junta, señala que entre 2015 y 2022 la renta media de un inmueble se incrementó un 23% en Córdoba, un 30% en Sevilla y un 44% en Málaga. El crecimiento salvaje y sin regulación de la vivienda turística está entre las causas, aunque no es la única, de una distorsión del mercado que ha provocado un auténtico problema social. Con el decreto, los ayuntamientos dispondrán de un instrumento que les da el margen de maniobra que necesitaban. Ya no tienen excusas para no actuar ante un desbarajuste que ha ido mucho más allá de lo que se debería de haber permitido por parte de las administraciones responsables.