La obligación del Presupuesto

España se gobierna con unos Presupuestos elaborados en 2022 con la vista puesta en 2023. En lo que va de legislatura, el Gobierno no solo ha sido incapaz de aprobar unas cuentas anuales, sino que ni siquiera ha podido presentar un proyecto al Congreso. Gestiona unos Presupuestos ya prorrogados el 1 de enero de 2024 y en la misma fecha de 2025. Si las cosas no cambian mucho, y no parece que lo vayan a hacer, tampoco este año Pedro Sánchez va a cumplir su obligación constitucional de dotar al Estado de unos presupuestos actualizados. La razón es evidente: el Gobierno no cuenta con una mayoría necesaria para sacarlos adelante ni tiene, hoy por hoy, posibilidades reales de culminar con éxito una negociación con las fuerzas políticas que le dan apoyo parlamentario. En situaciones similares, los usos democráticos indican que lo oportuno es que el presidente manifieste su imposibilidad de seguir al frente del Ejecutivo y se convoquen elecciones. En España ese escenario no se contempla ni como posibilidad lejana. Sánchez ha optado por una política de resistencia a cualquier precio sin reparar en el coste institucional que ello pueda tener. Elaborar y llevar a las Cortes unos Presupuestos no es una facultad discrecional del Gobierno, sino una obligación reglada en la Constitución, que sólo por razones graves y muy justificadas se puede postergar. Que lo habitual en la legislatura sea la prórroga y no la presentación de cuentas nuevas es un síntoma más de la grave crisis institucional por la que atraviesa el país. Si en cualquier circunstancia la falta de Presupuesto puede considerarse una alteración grave del funcionamiento democrático, la actual crisis internacional y los compromisos que ha asumido España ante Europa para aumentar los gastos de defensa crean una situación que no se puede perpetuar. La debilidad del Ejecutivo hace que no se puedan cumplir ni las obligaciones más básicas de una gestión gubernamental.