Una regulación que se debe acometer ya

La Administración de Justicia en Andalucía debería tomar muy buena nota de la denuncia del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, sobre la precariedad y el descontrol existentes en los equipos psicosociales encargados de asesorar a los tribunales en materia de menores implicados en casos de Derecho de Familia, como son, por ejemplo, los divorcios. El panorama descrito por Maeztu es preocupante: malas prácticas profesionales, con informes incompletos o sesgados; ausencia de colegiación de los profesionales; organización y metodologías de trabajo diferentes según los equipos, lo que dificulta la colaboración entre ellos, y un largo etcétera. En palabras del propio Maeztu, "hay tantos equipos como modelos de funcionamiento". Asimismo, el Defensor del Pueblo critica la externalización del servicio pericial, el escaso control de los resultados y las dificultades que encuentran dichos equipos debido al ya endémico colapso judicial.

Ante estos problemas, Jesús Maeztu, actualmente en funciones, indica la "urgente" necesidad de regular esta actividad. No estamos hablando de una cuestión insignificante, pues el paulatino aumento de los divorcios de matrimonios con hijos y las posteriores demandas por parte de los padres de la custodia compartida requieren de una acción ágil y solvente por parte de estos equipos de trabajo, de los cuales puede depender el bienestar futuro de los menores. Hasta hace relativamente poco tiempo, los divorcios solían resolverse con la concesión de la custodia de los hijos a uno sólo de los cónyuges (normalmente la madre). Sin embargo, tanto la mentalidad como la práctica jurídica han ido avanzando cada vez más hacia el modelo de custodia compartida, que permite una distribución más equitativa entre los cónyuges tanto de las obligaciones como del disfrute de sus hijos, al mismo tiempo que se garantiza a los menores seguir relacionándose por igual con sus dos progenitores.

Por lo dicho, es muy importante que los equipos psicosociales que asesoran a los jueces sobre estas cuestiones garanticen un máximo de rigor y profesionalidad. No sólo con la solvencia de sus componentes (generalmente psicólogos y trabajadores sociales), sino también con la elaboración de una metodología que debe ser igual para todos, ya que ésta es la única manera de controlar la calidad y eficacia de la misma. Teniendo en cuenta que estamos hablando del bienestar de menores que están sufriendo el trauma de la ruptura de su familia, cualquier esfuerzo en este sentido será poco.