La seguridad de Ceuta

Ceuta acumula en los últimos años un largo historial de entrada masiva de inmigrantes irregulares y de colapso de sus escasos servicios asistenciales, que quedan desbordados de forma permanente. Lo ocurrido en los últimos días, sin embargo, arroja cierta novedad que no conviene pasar por alto. A diferencia de lo ocurrido en mayo de 2021, cuando las autoridades marroquíes miraron para otro lado y dejaron cruzar la frontera a varios miles de indocumentados, en esta ocasión han sido las fuerzas policiales de ese país las que han logrado abortar un nuevo intento que podría haber sido todavía más grave y masivo, tras la convocatoria que se había hecho para el domingo a través de las redes sociales. Los hechos de estos días demuestran que el régimen autocrático de Rabat utiliza la presión migratoria sobre las ciudades españolas del norte de África, el archipiélago canario y la costa andaluza como instrumento de presión sobre España. Hace tres años se asistía a un momento de máxima tensión tras la asistencia hospitalaria al principal dirigente del Polisario. Ahora, las relaciones entre los dos países pasan por una especie de luna de miel, fruto de la cual ha sido la actuación de la Gendarmería y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos. La conclusión no puede ser más clara: ha quedado evidenciado que la seguridad de la ciudad autónoma depende de la voluntad de Rabat y de sus intereses estratégicos y que España no tiene en la ciudad autónoma el despliegue de seguridad necesario para hacer frente a la situación. Ceuta parece, por lo tanto, condenada a sufrir intentos de asaltos masivos a su territorio, en los que Marruecos abrirá o cerrará la mano en función de sus intereses de ese momento. Mientras tanto, la ciudadanía española está empezando a considerar la inmigración irregular como un problema de cada vez mayores dimensiones frente al que el Gobierno sigue sin dar una respuesta que compagine el respeto a los derechos humanos con el imprescindible control fronterizo de un Estado democrático.